La UCO, acrónimo de Unidad Central Operativa, es el órgano central de la Policía Judicial de la Guardia Civil que está encargado de la investigación y persecución de las más graves formas de delincuencia y crimen organizado. Sobre este cuerpo de élite descansa en la actualidad la investigación de las mayores y más complejas causas judiciales de los últimos tiempos, como los ERES de Andalucía, la operación Púnica, la operación Lezo, la desaparición de la farmacéutica de Olot, o del Códice del Apocalipsis del Beato de Liébana, etc.
Se trata de una unidad de élite de la Guardia Civil en la que no es fácil entrar, que está compuesta actualmente por aproximadamente 550 personas que han tenido que superar numerosas pruebas de selección tras varios años de dura formación. Son puestos de libre designación y sus titulares son sometidos a una multitud de exámenes y estudios psicotécnicos y psicológicos.
Sin embargo, como la otra cara opuesta a tan brillantes éxitos, ya han sido varias las voces destacadas en la política de nuestro país, entre las que hay que incluir a miembros relevantes de nuestro Gobierno, las que han puesto en entredicho y criticado duramente sus actuaciones en algunos casos recientes. Tal ha sido el caso de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, quien frente a las acusaciones que sufrió de la U.C.O. por presuntos delitos de prevaricación y cohecho, declaró que sus informes no eran más que “juicios de valor sin fundamento jurídico alguno”. También Dolores de Cospedal, Ministra de Defensa y Secretaria General del PP (por ende, abogada del Estado de profesión) afirmó de sus informes que “nunca jamás un informe policial tiene la fuerza de ser una sentencia condenatoria.
Pero es realmente grave que sean los Tribunales de Justicia quienes pongan de manifiesto estas malas prácticas. Así, la Audiencia Provincial de Madrid, dictando sentencia en el caso “Guateque” en la que absuelve a los 30 acusados por corrupción después de 10 años de instrucción, los Magistrados utilizan para referirse a la actuación de los agentes de la Guardia Civil calificativos como “mala fe”, “deliberada omisión de datos”, “contenido mendaz del atestado”, “procedimiento fraudulento”, etc.
Y es que no puede concebirse cómo un órgano de investigación tan exitoso pueda crear un procedimiento tan chapucero para, facilitando una grabadora a un empresario, construir toda una teoría de un delito “saltándose a la torera” todas las garantías procesales. Y digo yo, ¿quién se hace ahora responsable de todos estos daños, gastos e indemnizaciones si llegan a reclamarse?
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