Sigo impresionado por los atentados de Londres. Hace más de 40 años que fui por primera vez al Borough Market en aquel verano en que estaba aprendiendo inglés y en que esa ciudad se convirtió para mí en el sueño de un cosmopolitismo que señalaba un futuro de globalización. He vuelto a menudo para ver un mundo universal desde una raíz de enorme tradición y clase. Hoy me siento cada vez más apenado de esa estupidez de sus políticos jugando al Brexit o a creerse por encima de todo cuando justo es ese punto de soberbia el que debían haber dejado para seguir siendo admirados desde un liderazgo europeo y global. Pero, sobre todo, me siento desolado por esa amenaza terrorista asesina e intolerable que tanto daño causa a vidas inocentes y que tan mal están gestionado. No aportan soluciones políticas ni policiales válidas que debían en mi opinión ir por coordinarse con Europa en lugar de salirse de ella.
Volviendo a este país, España sigue siendo un teatro absurdo cuando perdemos el tiempo en debatir mociones de censura minoritarias que muestran a politícos para quienes justificar su sueldo es algo muy diferente al trabajo callado ejerciendo su labores todos los días, aportando a la sociedad y utilizando el Parlamento para algo muy difeernte a las pretensiones de protagonismo que nada enseñan. Lo que les gusta es la tele o la algarada. La poítica de verdad es otra cosa.
Pero encima con un Ministro de Hacienda que una vez más se ha lucido. Resulta que el Tribunal Constitucional declara por unanimidad inconstitucional un decreto ley inventado por él y lo que dice es que se siente “concernido”. Concernido significa que le afecta o le interesa, lo cual es obvio e insustancial. Y además trata de justificar su actuación en “la situación límite de las finanzas del Estado en 2012". Ello cuando el Constitucional resuelve que no se puede utilizar un decreto ley para aprobar decisiones que “afecten a la esencia del deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, alterando sustancialmente el reparto de la carga tributaria según los criterios de capacidad económica, igualdad y progresividad”. Encima dice que se siente desautorizado. O sea, a mí la ley me da igual y hago lo que quiero y juego con los tiempos de los tribunales, aunque vulnere la Constitución. Y luego exigimos que la Carta Magna esté por encima de cualquier referéndum. Sin duda, debemos hacerlo porque es intolerable incumplirla a capricho. Peor también debemos cumplirlo en materia tributaria y exigir que si un político es puesto en evidencia responda de una vez porque no todo vale, pero para nadie.
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