Nuestro despacho ha firmado en estos días un acuerdo con la Fundación de Investigación de la Universidad de Sevilla para colaborar en un proyecto de investigación sobre el Estudio del concepto de legitimidad organizativa y social en el marco de la gestión de las organizaciones de todo ámbito, tanto públicas como privadas. Para nosotros es un enorme orgullo y satisfacción, porque además creemos que es una necesidad social.
El trabajo se engloba en el Proyecto Marco Horizonte 2020 de la Unión Europea, que atiende a la necesidad de combatir la sensación creciente de desconfianza en las instituciones que se aprecia en toda Europa, y cuyo reto es construir sociedades inclusivas, innovadoras y reflexivas. Dentro de ese proyecto se trata de abordar la cuestión de la legitimidad de las organizaciones de la sociedad civil, lo cual en definitiva vendrá directamente relacionado con lo que se puede llamar la “aprobación de la sociedad”.
Esa legitimidad guarda relación íntima con la percepción que pueda tener el individuo o la sociedad, con la consideración de la misma como justa, razonable, equitativa. Es una relación directa con el prestigio y la credibilidad, en que serán fundamentales aspectos como la trasparencia o la rendición de cuentas. Todo ello en una sociedad que precisamente está cada vez más volcada hacia fenómenos populistas que encuentran precisamente su sustento en la caída de la legitimidad de las instituciones en que se ha vertebrado la vida política y social.
En próximos artículos seguiremos incidiendo en ese concepto, pero ahora no puede dejar de reflexionar sobre la poca legitimidad que aportan a nuestra Justicia algunos comportamientos que se han desarrollado alrededor de la reciente sentencia sobre el denominado caso Nóos. A mí me parece loable el trabajo de unas magistradas en una sentencia profundamente estudiada con absoluta discreción, se esté o no de acuerdo con ella. Paradójicamenteme sigue sorprendiendo que la sociedad en general pida más sangre en lugar de reflexionar sobre las muchas personas declaradas inocentes que han sufrido ese proceso. Pero lo que más me ha llamado la atención ha sido el comportamiento del juez de instrucción y del fiscal del caso tras esa sentencia, saliendo ambos a la luz pública para criticar abiertamente en algún caso o ponerse medallas en algún otro. El juez, en lugar de clamar contra sus superiores, deberíar eflexionar en qué se ha equivocado causando daño a personas concretas, pero nunca entrando al juego de poner en cuestión una sentencia en un caso que ha instruido, revelando a quién cree que su verdad está por encima de cualquier verdad, lo cual es muy grave en quien imparte Justicia. Y el fiscal, dando entrevistas por doquier en lugar de concentrarse en recurrir si va a hacerlo. No lo comparto y no creo que hagan favor alguno a la legitimidad de nuestra Justicia.
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