La semana pasada desde esta tribuna se traía a colación el tema de los juicios mediáticos que se avecinan y en general de las garantías que deben presidir los procedimientos penales para que se logre una premisa básica y fundamental, que se suele perder de vista una vez estos procesos trascienden de la esfera judicial y recaen en la subjetividad colectiva de la sociedad: esto es, que jamás un inocente pueda salir condenado.
Y se hablaba no ya de que un inocente pueda ser injustamente condenado, sino de la condena mediática que este sufre y padece hasta su absolución si es el caso, esto es, la mal llamada pena de banquillo o pena de telediario, pues no es sino una condena psicológica prácticamente imposible de reparar.
Pues bien fijados el objeto y sentido de la justicia que todo estado de derecho debe garantizar nos centraremos ahora en los medios necesarios para logralo. Obviamente se han hecho ciertos avances como la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal con la limitación de los plazos de instrucción, la diferenciación entre “investigado” y “encausado” eliminando el término “imputado”, el “troceo” de las macrocausas, o la protección del derecho al honor e intimidad frente a esa “pena de telediario”. Pero es que esos mismos entrecomillados nos están confirmando que no estamos sino ante parches a un problema que requiere realmente de una solución integral.
Muestra de ello son la alarmante falta de medios que en general sigue padeciendo el sistema, como la semana pasada comunicaba el Decanato Judicial de Arrecife que denunció directamente la suspensión de vistas por el precario sistema de grabaciones que incluía incluso sistemas de cintas VHS, o el hecho de que las macrocausas sigan enquistándose en juzgados como el de Estepona con un conocido proceso que acumula una instrucción de más de 8 años y donde se echa de menos hasta unescáner para evitar la acumulación de innumerables cajas de documentación, lo que supone más que nada un enorme riesgo de que todo ese trabajo pueda desaparecer de un plumazo.
Todas estas penurias hacen que el sistema por muchos remiendos que se le quiera poner, por ahora y desgraciadamente no va a poder prestar las garantías de las que hablábamos al comienzo, poniendo en peligro el objetivo que defendemos debe perseguir.
El atributo más conocido de la justicia como concepto simbólico es la balanza que todo lo equilibra. En ese término medio descansa su virtud. Pero con una balanza escacharrada y que nuestros gobernantes parecen no tener mucho interés en arreglar, estamos aviados.
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