El próximo 28 de febrero los andaluces volveremos a conmemorar el día institucional de nuestra tierra. Un año más se repetirán los desayunos de pan con aceite, habrá actuaciones de flamenco, escucharemos charlas temáticas de historia de Andalucía y veremos a muchos ondear la bandera verdiblanca, unos con convicción y otros por compromiso y estrategia electoral.
Pasadas las 24 horas de rigor quedará esperar al siguiente año. En una España que se retuerce en sus costuras constitucionales cada territorio aspira a alcanzar un cierto protagonismo que le coloque en una posición de privilegio ante las negociaciones que se vislumbran (por más dinero, por más competencias).
Andalucía, lastrada por un anquilosamiento institucional y administrativo generado por 40 años del monocolor político del PSOE en el gobierno de la Junta, ya no se presenta como “la imparable”, que decía el slogan, sino como “la que espera”, aunque sin saber qué.
El retraso andaluz tiene múltiples factores. Uno de ellos, quizás nunca demasiado reseñado es el de una política científica y de investigación que no termina de despegar. Es más, en los años de la crisis, dicho estratégico sector se ha visto duramente afectado.
Por supuesto, para los socialistas todo es culpa de los recortes auspiciados por el gobierno estatal del PP, pero los hechos demuestran que los gestores de la administración andaluza no han realizado los deberes.
El plan andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación 2007-2013 se cortó de forma brusca en el 2010, dejando a los grupos de investigación sin financiación efectiva. Y el nuevo Plan, el 2014-2020, se aprobó en marzo de 2016, con más de dos años de retraso y todavía los grupos no han recibido ayuda alguna.
La inversión en I+D en el conjunto del Estado ha descendido desde el año 2010, comienzo de la crisis, hasta 2016, último año con datos, un 9,1%, porcentaje que en Andalucía se dispara hasta el 21,2%, es decir, se ha dejado de invertir algo más de 1 euro de cada 5. Ese 21,2% es la media de tres sectores: las empresas que han bajado la inversión en investigación un 18,9%; los centros de enseñanza superior que lo han hecho en un 19,9% y la propia administración autonómica que ha reducido la inversión en I+D un 27,7% (todos los datos se pueden comprobar en la web del Instituto Nacional de Estadística).
Por otro lado, como resultado de estos recortes en la financiación, el número de investigadores ha descendido en España un 9,5%, mientras que en Andalucía se llega al 12,5%, tres puntos por encima de la media española. No cabe duda que sin investigación y sin innovación el desarrollo de Andalucía seguirá siendo una tarea pendiente ¿otros 40 años? n
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