En España media población son mujeres y también más de la mitad de las personas con estudios universitarios, por lo que lógicamente tienen el mismo derecho que los hombres a dirigir grandes empresas y a gobernar. La cuestión está en cómo facilitar que eso suceda.
En el ámbito empresarial y de la administración, los estudios realizados en Europa y el hecho de que ni el mercado ni las empresas regulen la igualdad, hace que muchos consideren que la mujer progresará más rápido en las empresas y administraciones solo obligando a aplicar por ley las cuotas de género y sancionando su incumplimiento, a la vez que argumentan que tales leyes pueden ser transitorias, ya que una vez conseguida la paridad ya no se va a perder.
También hay quienes dicen que gracias a las cuotas de género algunas personas sin la cualificación suficiente ascienden en las empresas. Los que rebaten esta opinión señalan que al imponer un porcentaje de mujeres solo evita su discriminación, pero no se obliga a las empresas a elegir a candidatos sin cualificar, ya que para cubrir los cargos que se ofertan hay suficientes mujeres cualificadas.
En el ámbito de la representación política, tras aprobarse la Ley de Igualdad, los partidos políticos la aplicaron con gran efusividad. Pero actualmente, estén o no a favor del sistema de cuotas, los partidos aplican las cuotas no para favorecer el empoderamiento femenino y mejorar su representatividad, sino porque saben que seleccionar o designar mujeres acarrea gran rédito electoral.
Por tanto, la clave de la paridad electoral no reside tanto en aplicar una cuota, como en la voluntad del legislador al diseñarla, en el sistema electoral y en los propios partidos políticos.
Gracias a las leyes de igualdad la mujer ha mejorado su posición en la sociedad española en términos de empoderamiento, aunque para cumplir totalmente esas leyes (y la Constitución) no basta con imponer cuotas de género u otro tipo de criterio subjetivo.
Es necesario que el conjunto de la sociedad se esfuerce en favorecer la educación en igualdad de condiciones, sin que por ello de deje de primar el mérito y la capacidad como criterio de acceso a las ocupaciones laborales en general y a los puestos de poder y toma de decisión.
A pesar de que se aportan los más dispares argumentos en contra de las políticas (y leyes) para favorecer la igualdad de género, debemos reconocer que sin ellas las mujeres sufrirían más marginación. Pero también hay que tener claro que una igualdad de género realmente efectiva no puede, ni debe, imponerse basándose solo en los números.
Las cifras solo alivian la conciencia de políticos partidistas, engañan a ciudadanos ignorantes y, porque no decirlo, favorecen a quienes se valen de ellas para ostentar una parcela de poder dentro de la sociedad.
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