El derecho a decidir, tan manido y manoseado por las falacias sediciosas, encuentra en El Puerto las injerencias que lastran y embuten a una ciudad en manos de demasiados agentes externos que teledirigen sin que éste pinte poco o nada en su gestión.
En todas las áreas halla una subordinación estructural y férrea que deja escaso margen para gobernar en clave local e independiente.
Con un Presupuesto, aún ausente y en vías de elaboración y sin capacidad de sacar adelante por más que nos adentremos en la penúltima semana de octubre, reducido y con un tercio de éste para pagar a su voluptuosa plantilla (más de 700 trabajadores) o lo que es lo mismo, 32 millones de 100 millones de euros, deja marginada la partida de inversión.
Ante unas cuentas escuálidas y conducidas por Hacienda, que controla todos los movimientos municipales, arrincona su actividad. Eso en economía, en patrimonio -en costas- solo hay que comprobar las actuaciones realizadas.
Desde la subasta-venta-cesión de los terrenos de La Puntilla pasando a la futura Estación Marítima, la que se acondicionará a ella y que encima alquila la Autoridad Portuaria, confirma que incluso en las mejoras realizadas aun así habrá que pagarlas sin ser el propietario de éstas.
A ello se suma a un Ayuntamiento que en su casi tercer año sigue adaptándose a él sin capacidad y sin apoyo. Una ciudad intervenida y atada.
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