Parece ser que el equipo de Gobierno ha expresado su voluntad de modificar la ordenanza de regularización de las ARG reconocidas en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana y para ello se está reuniendo con los equipos técnicos de profesionales que están ayudando a llevar a cabo los trámites para ultimar la legalización y urbanización de los terrenos que antes se encontraban al margen del planeamiento.
Llama la atención que los partidos políticos que no forman parte del equipo de gobierno y COAVE se hayan enterado por la prensa de la voluntad del equipo de gobierno de introducir cambios a la ordenanza, ya que la ordenanza actual tiene un sistema de seguimiento de las regularizaciones a través de una Comisión, que por ahora se ha mantenido al margen de las modificaciones.
Parece, por lo que se dice, que Ecologistas en Acción, que es miembro de la Comisión actual ha corrido mejor suerte y sí ha sido ya tenida en cuenta.
El motivo de no haber reunido a la comisión, pensando mal, es que al equipo de gobierno se le pueden sacar a relucir en esa comisión aquellos documentos que presentaron para redactar la ordenanza actual, que más que documento de máximos era documento de imposibles.
Dice el gobierno que se han mantenido contactos con Endesa y Apemsa. De la segunda, siendo empresa municipal entendemos que va de suyo que los contactos sean continuos. Sólo de Apemsa, su página web cifra en 149 millones de euros la inversión en infraestructuras relacionadas con el nuevo PGOU.
Por ello, COAVE va a solicitar que un representante de estas empresas sea invitado a la comisión para que den información de cómo van las infraestructuras para que los antiguamente denominados diseminados pasen a tener la consideración de ciudad.
La página web de Apemsa recuerda que el plan general prevé la construcción de una nueva depuradora que sustituya a la actual de Las Galeras.
Esta importante obra de infraestructura valorada en treinta y ocho millones de euros se construirá según dice la web por la Junta de Andalucía, que debe financiarla con los muchos millones de euros que ya han recaudado del canon de mejora que desde 2.010 la administración autonómica cobra a todos los portuenses.
Poco ruido y pocas explicaciones piden los partidos políticos de cómo está la Junta invirtiendo el dinero de un ingreso que sale del bolsillo de los portuenses y que es finalista. Las ARG se están regularizando, pero la nueva depuradora no está iniciada, como tampoco está la conexión que debía venir por la cañada del verdugo y cuya culminación quedó truncada con la quiebra de la empresa que debía llevarla a cabo, Rochdale.
Nada más se ha sabido del plan de infraestructuras que Junta y Ayuntamiento firmaron en su día para realizar las infraestructuras y financiarlas al cincuenta por ciento, el antiguo PEISA.
En su momento había una importante cuantía que la Junta debía al Ayuntamiento en cumplimiento de ese plan. ¿Alguien ha exigido a la Junta que culmine esas infraestructuras que quedaron pendientes?
Son muchas las cuestiones que merecen respuesta, y la oposición debería exigir la reunión de la comisión de seguimiento del cumplimiento de la ordenanza de regularización y, sobre todo, asegurarse de que no les están preparando un documento ya cocinado y cerrado en el que poco puedan ya decir.
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