El otro día, a unos doscientos metros de las puertas del Juzgado, bajo la sombra de unos árboles, veo a Alfonso Candón, diputado por el Partido Popular, haciendo tiempo antes de declarar como investigado, resguardado de los periodistas que lo esperaban a las puertas del edificio de Justicia.
Cuando se produjo la imputación de las personas que en su día pertenecían al Consejo de Administración de la sociedad municipal APEMSA, el diputado Alfonso Candón recibió como todos los demás miembros del PP de ese consejo una citación para acudir en concepto de imputado a declarar por la causa abierta tras una denuncia presentada por Ecologistas en Acción.
En ese momento, esgrimió su condición de diputado para seguir un camino diferente al del resto de imputados, haciendo uso de su aforamiento. Fue criticado por hacer uso del privilegio de no ser investigado por el Juez ordinario sino que lo sería por el Tribunal Supremo.
Desde entonces, la ley ha cambiado y ante la cantidad de imputados del PP que desfilaban por los Juzgados, el gobierno decidió cambiar la ley para que los que antes eran imputados porque iban a declarar asistidos de abogado y del resto de derechos que recoge la ley, pasaran a llamarse con ese término descafeinado de “investigado”.
Parece que cuando los imputados eran otros, al PP no le molestaba la gravedad del término de la ley, pero cuando empezó a ser un problema endémico en el partido, buscó esta solución terminológica, que no real.
Ahora, varios años mas tarde, el diputado decide renunciar a su aforamiento para declarar como “investigado” en la misma causa que el resto de compañeros, causando gran revuelo entre los partidos políticos porque su renuncia al aforamiento ha visualizado su condición de investigado lo que ha provocado que se pida su dimisión.
Lo que me extraña es que nadie haya cuestionado porqué se produce esa renuncia en este momento. Imagino que alguien le ha habrá hecho ver que tiene mas posibilidades de conseguir un sobreseimiento de la causa haciéndolo así.
El aforamiento tiene una razón de ser, proteger al diputado elegido para representarnos en Cortes Generales de denuncias infundadas, pero lo que no se entiende es que la ley permita elegir entre un juzgador y otro a conveniencia.
Una vez iniciada la investigación y realizada la opción por el Tribunal Supremo no debería ser posible renunciar al aforamiento.
El resto de los ciudadanos tenemos derecho al juez pre-determinado por la ley, pero no a aquél que convenga mas dependiendo de las circunstancias.
Cuando un diputado decide oponer su aforamiento ante el Juez de Instrucción es criticado por el resto de partidos e incluso por la sociedad, que ve el aforamiento como una posibilidad de recibir mejor trato de la justicia, pero si se piensa bien, y haciendo ya abstracción del caso concreto, es mas probable la objetividad de los jueces y fiscales lejanos que de aquellos con los que uno tiene posibilidades de “rozarse”, es decir, de coincidir en la vida cotidiana, en la puerta del colegio de los niños, en el club social, en la caseta de feria o en la peluquería, por decir algo...
Y cuando se pertenece a un partido y va a actos institucionales, pues lo mismo, uno mismo o sus compañeros de partido pueden coincidir con personas que representan otras instituciones, y entre ellas las de justicia.
Por ello, no se si sería mejor que la ley obligara a que sea siempre el Tribunal Supremo y no la Audiencia Provincial quien juzgue estos casos, por aquello de la mujer del César y que no sólo hay que serlo… sino también parecerlo.
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