Un signo de los tiempos han cambiado es que los ciudadanos perciben como algo injusto que la administración y que los políticos tengan reglas del juego distintas para ellos que las que se aplican a la generalidad de los ciudadanos.
Se ve como algo negativo que los políticos dispongan de coche oficial, o que vayan acompañados de escolta o que pasen gastos de comida a costa de la administración. Cada vez somos más conscientes que los privilegios de los que algunos disfrutan salen de los bolsillos de todos.
Con la administración pasa lo mismo. ¿cuántas veces hemos comentado con otros que si uno no paga los seguros sociales o el IVA en el día señalado cae automáticamente la sanción y si es la administración la que tiene que pagar, los plazos se alargan en el tiempo sin que apenas haya consecuencias más allá de que liquiden pequeñas cantidades en intereses?
La legislación va dando algunos pasos para igualar la situación de Administración y administrados. Un ejemplo de ello es la ley de lucha contra la morosidad de las administraciones públicas que trae de cabeza a alcaldes y concejales de hacienda por lo difícil que se hace para una administración en crisis cumplir con los cortos plazo de pago establecidos en esta ley.
Otro de esos pasos es menos conocido pero igualmente importante es que la LOUA, ley urbanística de nuestra comunidad, establece en su artículo 170 que la administración debe cumplir los mismos requisitos que la Ley establece para los particulares en los actos que promuevan, y está sujeta por tanto a licencia.
Se busca esa igualdad que los ciudadanos reclaman de que no hay dos varas de medir, de que se exijan requisitos imposibles al ciudadano que ni siquiera la administración es a veces capaz de cumplir.
Los expedientes urbanísticos son muy complejos, y percibidos por el ciudadano como un camino lleno de obstáculos que en muchos casos hace que no llegue a obtener la concesión de la licencia. La legislación es muy exigente con las medidas de seguridad, requiriendo todo tipo de documentación, boletines, pruebas de carga, homologaciones, etc.
Hay que comenzar las solicitudes de licencia con tiempo, mucho, cuanto más mejor, para que dé tiempo a reaccionar ante los requerimientos de subsanación de documentación. Las solicitudes con poco tiempo de margen se suelen traducir en el solicitante en nervios y discusiones con el funcionario y el responsable político que generalmente no llevan a ningún lado.
Por ello, porque los requisitos para los ciudadanos y para los empresarios que quieren desarrollar cualquier actividad son tan complejos, y que en muchas ocasiones, ni contando con profesionales para ello consiguen obtener la licencia, es por lo que molesta tanto, que cuando es el Ayuntamiento el que realiza una actividad no se cumplan prácticamente ninguno de ellos. Y no es sólo por el agravio comparativo, sino porque se puede llegar a poner en riesgo la seguridad de los ciudadanos.
Por poner algún ejemplo, ¿cumplía toda la normativa y las medidas de seguridad más elementales el enganche eléctrico de la Velada de los Milagros, celebrada recientemente? ¿Se habría permitido a cualquier empresario desarrollar esa actividad en esas condiciones? Ya les digo que NO.
¿Y los montajes de escenario que realiza el Ayuntamiento, lo hace con los mismos requisitos y medidas de seguridad que los demás tienen que cumplir? Pues tampoco. Se llega al indignarte absurdo que el mismo escenario que usa el Ayuntamiento para sus actos públicos no pasa el filtro cuando quien lo pretende usar no es la administración.
El malestar es grande, y ya hay quién en en el Juzgado está aportando pruebas de esa diferencia de trato.
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