La tribuna de El Puerto

La “tasa verde” por la cara

Los partidos que conforman el tripartito de gobierno (PSOE, IU y Levantemos) tuvieron una de sus bazas electorales en la promesa de derogación de la zona naranja que consideraban injusta por gravar a aquellos que venían a disfrutar de nuestras playas

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Los partidos que conforman el tripartito de gobierno (PSOE, IU y Levantemos) tuvieron una de sus bazas electorales en la promesa de derogación de la zona naranja que consideraban injusta por gravar a aquellos que venían a disfrutar de nuestras playas.

La derogación, aunque todavía quedan algunos flecos administrativos y contables, fue un hecho, el único constatable de gobierno hasta la fecha. Ante la determinación mostrada en esta cuestión fiscal llama la atención como el tripartito se ha dejado embaucar en el asunto de la, llamemos para seguir con los colores, tasa verde.

En el pleno de junio, el último de la legislatura anterior, se llevó a votación la aprobación definitiva de, por un lado, la “Ordenanza municipal sobre el incremento del patrimonio urbano natural” y, por otro, su correspondiente tasa fiscal, la nº 41. Los andalucistas fueron los únicos en presentar alegaciones por considerar que la nueva contribución incrementaba de forma excesiva las cargas, ya de por si elevadas, que soportaba la construcción en la localidad, estableciendo agravios comparativos con otros municipios de la zona.

Al ser rechazadas las alegaciones votaron en contra de la aprobación definitiva, a pesar de lo cual la ordenanza salió adelante con los votos favorables del PP. Pero no ocurrió lo mismo con la tasa fiscal, que fue rechazada al votar contra ella incluso la sra. Benavente, concejala popular. Se planteaba entonces una situación administrativa confusa: la ordenanza reguladora estaba en vigor, pero no se podía cobrar la tasa.

Pero, aunque no sabemos cómo, el comentario que suena es que la liquidación de este gravamen fiscal SÍ se está exigiendo. ¿Qué argucia legal se ha montado para cobrar una tasa que no está en vigor? ¿Qué fuertes intereses han movido al tripartito a permitir su cobro, cuándo se opusieron en el pleno a esta nueva imposición?

Si el sr. Fernández (IU) decía en junio que había que elaborar otra ordenanza fiscal menos gravosa ¿por qué estamos en febrero y no se ha llevado a pleno? Y si esta situación era conocida por un determinado grupo de la oposición ¿por qué no lo ha denunciado? Muchas interrogantes sin respuesta para un ayuntamiento que presume de transparencia. Será que como el tema es de medioambiente, como en otras cuestiones de esta área, la transparencia es sólo a medias.

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