El vodevil de nuestro ínclito Puigdemont, además de cansarnos hasta el agotamiento, camufla con una muselina de aburrimiento gris algunas de las cuestiones políticas que deberían preocuparnos y, lo que es aún más importante aún, también ocuparnos de manera perentoria. El futuro de nuestras pensiones está en juego mientras dejamos que el tiempo transcurra tan estéril como irresponsablemente.
Ya conocemos el diagnóstico de su enfermedad crónica. Caída demográfica, envejecimiento de la población, alto desempleo, bajos salarios, insuficiente población activa en relación con el número de pensionistas. La conjunción de todos estos factores sentencia que el déficit de nuestro sistema publico de pensiones se incremente año a año, hasta el punto de haber agotado el Fondo de Reserva. Y lo malo no es que hayamos roto y consumido la alcancía de nuestros ahorros – que para eso estaba – sino que el agujero no hará sino profundizarse si no somos capaces de enmendar su hambre ancestral.
¿Existen soluciones o, por el contrario, estamos condenados a contemplar resignadamente cómo languidece hasta desaparecer nuestro sistema público de pensiones? Pues comienzo por el final, para tranquilidad de los pensionistas actuales o potenciales, que somos todos. Cobraremos en el futuro pensiones públicas. Pero para ello será preciso reformar el sistema, incrementar la actividad económica y luchar contra el fraude que aún nos sacude. Fácil de decir, pero difícil de conseguir, ya lo sabemos. El reto es grande, pero también lo fue cuando a principios de los sesenta del pasado siglo se pusieron los cimientos de una Seguridad Social para garantizar a los españoles una pensión digna. Y, con el esfuerzo de sucesivos gobiernos, de color muy distinto, desde entonces y entre todos, más o menos, lo hemos conseguido hasta la fecha. No podemos, ahora, resignarnos al fracaso de un futuro sin protección social o con pensiones de miseria. Una sociedad que no fuese capaz de garantizar a sus mayores un pasar razonable sería una sociedad injusta, fracasado y rota.
Ya hemos apuntado los campos de trabajo. Primero, el conseguir incrementar la actividad económica. En España, en general, y en Andalucía en particular, no resulta fácil emprender, todo confabula contra la empresa. El incremento de actividad habría que conjugarlo con una adecuada gestión de la inmigración que, a todas luces, precisaremos. El segundo campo, la reforma de las pensiones, en la que se conjugarían la vida laboral, el tipo de prestaciones y de cotizaciones, la jubilación activa y los modelos de financiación, debe ser el resultado de un gran acuerdo político. Ya se consiguió con el Pacto de Toledo, que ahora vuelve a reactivarse. Sus señorías y los agentes sociales que lo sustentan tienen sobre ellos la alta responsabilidad de alcanzar un acuerdo imprescindible para la supervivencia del sistema. Nos lo merecemos. Y la solución no alcanzarse simplemente por el reducir progresivamente las pensiones, sino por el conseguir equilibrar ingresos y gastos, asumiendo, de paso, que los Presupuestos Generales del Estado – que hasta ahora no ponen un euro - también deberán colaborar para sostener al sistema. La lucha contra el fraude sigue siendo una prioridad a pesar de los evidentes avances de la Inspección de Trabajo.
¿Lo conseguiremos? Yo apostaría porque sí, aunque ya sabemos, por experiencia secular, que sólo somos capaces de ponernos de acuerdo cuando nos encontramos al borde mismo del abismo negro e insondable. No queda mucho para ello, así que apresúrense, madres y padres de la Patria.
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