Era de esperar que la amnistía fiscal, que el gobierno del PP promovió en 2012, también llamada eufemísticamente “regularización extraordinaria” o “declaración tributaria especial”, para que colara y provocara menor rechazo en la ciudadanía, fuera considerada inconstitucional. Lo contrario habría resultado escandaloso. El Alto Tribunal que vela por el cumplimiento escrupuloso de nuestra Carta Magna esta vez ha afinado y, lo más importante, ha atinado. Como no podía ser de otra manera.
¿Se imaginan que los magistrados del Constitucional la hubieran avalado? Habría sido como despenalizar los delitos contra la Hacienda Pública y de paso otorgar la bendición a la panda de delincuentes de guante blanco que se dedican a ello. ¡Lo que nos faltaba por ver en este país! ¡El poder judicial contribuyendo a dar cobertura legal a manifiestas ilegalidades! El único poder del estado, por cierto, que hasta ahora, con sus limitaciones, con sus luces y sus sombras, con sus contradicciones, ha demostrado más cordura que ningún otro y está evitando que este sistema nuestro de democracia imperfecta, francamente mejorable, se nos vaya al carajo del todo.
Es verdad que antes de esta amnistía fiscal hubo dos, que puedan calificarse como tales, promovidas por gobiernos del PSOE. A saber: una en 1984, de la mano de Miguel Boyer, y otra en 1991, de la mano de Carlos Solchaga, como ministros del ramo, siendo presidente Felipe González. Pero también es verdad que ninguna de ellas –que yo sepa– fueron denunciadas como inconstitucionales por los principales partidos de la oposición de aquellos entonces, Alianza Popular y Partido Popular. Lo que no sorprende en absoluto. Y no sorprende, porque, de haberlo hecho, de haber denunciado, los populares de AP y PP habrían jodido a más de uno de sus amigotes ricachones y a algún que otro compañero de sus propias filas. O, dicho de otro modo, prácticamente se habrían jodido a sí mismos.
Es más, estoy casi convencido de que algún gerifalte del partido con sede central en Génova 13 habría estado encantado si, entre 1982 y 1996, y entre 2004 y 2011, a los ejecutivos socialistas de González y Zapatero se les hubiera ocurrido repetir, no una, sino unas cuantas veces, medidas excepcionales de este tipo, por el bien de la patria. A fin de cuentas, lo de pagar pocos impuestos o no pagar casi ninguno, si se tercia, es lo que defienden –en teoría– los abanderados del neoliberalismo.
No obstante, lo realmente esencial de este asunto no es solo la amnistía o la vía procedimental a través de la cual fue implementada, como pretenden quienes interpretan la sentencia del Constitucional a conveniencia. Lo realmente importante es que la amnistía fiscal de 2012 ha sido deslegitimada por una cuestión de fondo que el Tribunal, con acertado criterio, no ha dejado pasar por alto. Y esa cuestión es la que sigue: una cosa es librar del castigo o la sanción a quienes han mantenido dinero oculto en el extranjero y permitir que lo regularicen, pagando para ello el mismo tipo impositivo que los demás españolitos que cada año cumplen religiosamente con la ley, y otra cosa muy distinta, exonerar de la penalización correspondiente a quienes defraudan al fisco, premiándoles encima con la aplicación de tipos impositivos mucho más bajos. Las dos modalidades de amnistías son censurables, sí, por supuesto. Pero convendrán conmigo que la segunda –la modalidad elegida por Montoro– da mucho más cantazo que la primera.
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