La semana pasada tuvimos la confirmación definitiva sobre el desastre ineludible en el que ha metido al Ayuntamiento el actual alcalde de Los Barrios. La institución municipal va a tener que hacer frente en breve –un par de meses como mucho– al pago de los salarios de tramitación dejados de percibir por los trabajadores que fueron despedidos hace más de cinco años y a su readmisión. ¡Casi ná! Estamos hablando de una veintena de millones de euros, aproximadamente, si no más. En definitiva, un “embolao” –léase embolado– de cojones. Y todo, gracias a los méritos eminentes del señor Jorge Romero, que, aún a día de hoy sigue sacando pecho y presumiendo de su brillante gestión como primer edil barreño.
Alguien dijo o escribió alguna vez que la ignorancia es muy osada. Pero es que, si a la ignorancia se le suma la soberbia, como en este caso, la combinación puede resultar explosiva, catastrófica. Que es, de hecho, lo que ha ocurrido en Los Barrios a lo largo del último lustro, desde que el humilde jornalero –andalucista hasta entonces– se sentó en el sillón de la alcaldía. Dice el tipo que, si tuviera que volver a hacerlo –esto es, si tuviera que volver a despedir a un número elevado de empleados públicos–, lo haría de forma distinta. ¡Solo faltaba! Si volviera a incidir en el error, sería el colmo de la estupidez. Y, lo que es más grave, el colmo también de la irresponsabilidad. Lo malo es que en cierto modo todavía se mantiene el tío en sus treces.
No hay más que escuchar o leer las declaraciones que efectuó tras conocerse la nueva y última sentencia del Supremo que ratifica la nulidad de la extinción unilateral de contratos de los interinos y los indefinidos no fijos efectuada por el Ayuntamiento en febrero de 2012. Resolución del Alto Tribunal que no tiene desperdicio y que, dicho sea de paso, propina un duro rapapolvo tanto al primer regidor barreño, que se cree un sabelotodo, como, por supuesto, a los asesores jurídicos que ha contratado, y continúa contratando a precio de oro. Con una estulticia y una testarudez dignas de figurar en el Libro Guinnes de los récords, el menda lerenda se atreve a decir que va a seguir recurriendo. Claro que lo que no dice es que, en realidad, no puede. Y no puede porque se le acabó el cuento. Podrá, tal vez, alargar aún más el proceso, apurar hasta el límite los plazos, resistirse al cumplimiento de las sentencias ya dictadas, y de las que se van a dictar en las próximas semanas, pero eso no va a evitar el desenlace, no va a impedir que el Consistorio tenga que acatar la legalidad vigente. Porque, ¡ya me dirán ustedes!, si una administración pública no se somete a la ley, ¿con qué legitimidad va a exigir a la ciudadanía que lo haga?
Cualquiera con un mínimo de conocimiento sobre jurisprudencia y derecho podía saber que el Tribunal Supremo no iba a poner en solfa su propio criterio, asumido y consagrado desde junio de 2014, planteando al Tribunal de Justicia Europeo una cuestión de prejudicialidad. Criterio sobre el que no alberga duda alguna, acorde, además, con la normativa laboral comunitaria. Y menos aún, por supuesto, lo iba a hacer a partir de una petición –la formulada desde el Ayuntamiento– basada en falsedades, que este servidor que les escribe ha denunciado en infinidad de ocasiones.
Mucho me temo, no obstante, que el señor Romero ni siquiera se dé por aludido. Pues tiene cara para eso y para lo que se le tercie. Es más, con la reciente celebración de la que ha sido, según él, la mejor fiesta del toro de toda la historia, y con la próxima presentación de su flamante nuevo partido, seguro que el hombre está más contento que unas pascuas.
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