Era de esperar. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dado la razón al PSOE en su denuncia sobre el pucherazo que el Partido Popular, con la ayuda inestimable del ya extinto Partido Andalucista y el alcalde de Los Barrios, Jorge Romero, protagonizaron, tras las elecciones municipales, para arrebatar la presidencia y el gobierno de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar a los socialistas.
Llevando a cabo una interpretación espuria de la norma, con la complicidad de la Secretaría de la propia institución, los populares colocaron de presidente al edil algecireño Luis Ángel Fernández y de vicepresidente al concejal de Los Barrios David Gil, haciéndose con el control de la entidad, a pesar de ser el PSOE la formación política que contaba y cuenta con más representantes en la junta de comarca. Para ello, se aprovecharon de las lagunas y los errores legales existentes en los estatutos de la Mancomunidad, que hasta julio de 2015, es decir, hasta el golpe de mano puesto en evidencia ahora por el TSJA, habían sido salvados con un pacto entre caballeros que PP y PA hace ahora un año y medio terminaron pasándose por el forro en cuanto se les brindó la oportunidad.
La junta de comarca es un órgano cuyos miembros son designados de forma indirecta. Esto es, no mediante el voto de los ciudadanos, sino a través de las Corporaciones que estos eligen en los siete municipios mancomunados. Pero es que, además, es también un órgano de representación territorial y como tal fue concebido. Por tanto, recurrir como se recurrió al número de sufragios obtenidos en las pasadas elecciones locales por las fuerzas políticas que la integran como argumento para dirimir quien habría de presidirla supuso desvirtuar el objetivo para el que dicha junta fue creada: la defensa de los intereses conjuntos de los municipios campogibraltareños más allá del tamaño y población de cada uno de ellos.
Permitir como se permitió que se primara el número de votos en la elección de la presidencia en lugar del número de representantes conseguidos por cada partido implicó otorgar a Algeciras un plus de supremacía sobre los demás superior al que ya le corresponde como municipio más poblado. Y lo de conceder un voto de calidad a la presidencia de una mesa de edad en el pleno de constitución para alterar el procedimiento en favor de uno de los bloques enfrentados, una actuación bochornosa y antidemocrática.
En cualquier caso, y como ya escribí cuando este lamentable pucherazo se produjo, la lección que se ha de extraer de todo lo sucedido es que el diseño que en su día se hizo de la institución comarcal allá por febrero de 1985 no fue el más acertado.
La decisión de que el número de miembros de la denominada Junta de Comarca fuera par en lugar de impar no puede considerarse afortunada. Un número impar de integrantes habría impedido que se produjera el empate –entre PP y PA, por un lado, y PSOE, IU y Algeciras Sí Se Puede, por otro– causante de la actual situación.
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