Que los ideólogos, representantes, defensores y votantes del neoliberalismo y sus parientes conservadores se sumen a la campaña orquestada desde el PP contra el impuesto de sucesiones no es ninguna sorpresa. Lo sorprendente y, sobre todo, chocante es que a dicha campaña se hayan sumado y se sumen voces de individuos que se declaran más socialistas que nadie y, por supuesto, de izquierdas. Pues quien, siendo socialista o de izquierdas, pone en tela de juicio la utilidad de la recaudación impositiva directa de carácter progresivo para el sostenimiento del estado demuestra ignorancia e incoherencia. Y, desde luego, aquellos que se dicen socialistas o de izquierdas y no lo hacen por ignorancia ni incoherencia lo que ponen de manifiesto es un más que reprochable cinismo.
Aunque no creo que haga falta recordarlo, lo hago, por si acaso. Los impuestos sirven para la financiación y mantenimiento de servicios públicos relacionados con la sanidad, la educación, la justicia, la asistencia a las personas mayores y a las personas dependientes, la seguridad, la defensa nacional o la construcción de infraestructuras y equipamientos, como calles, plazas, carreteras, puertos y aeropuertos, escuelas, guarderías, institutos, hospitales, etc… Los tributos contribuyen al sustento de las instituciones a través de las que se canalizan y se atienden nuestras preferencias, demandas y necesidades como ciudadanos. Unas instituciones que están concebidas, o deberían estarlo, para facilitar una redistribución razonable de la riqueza, sin atentar contra la libertad individual ni el derecho a la propiedad, y para garantizar unas cotas mínimas de bienestar y de dignidad para la mayoría.
No me propongo aprovechar este espacio para realizar un análisis ni técnico ni filosófico sobre el citado impuesto de sucesiones, pero sí arrojar algo de luz sobre el asunto. Y para hacerlo no queda otra que desmentir la infinidad de trolas y patrañas que sobre la realidad del mismo en la comunidad autónoma andaluza están circulando con aviesas intenciones. Trolas y patrañas relacionadas con el efecto, la incidencia y las consecuencias que tiene en la población una medida recaudatoria que afecta a los más pudientes y no a los menos, que trata las transmisiones de patrimonio, incluidas, por supuesto, las herencias, como lo que son, esto es, transacciones mercantiles que han de estar sujetas a fiscalidad, igual que lo están todas las transacciones económicas de esa misma naturaleza, y que tiene un objetivo tan loable como el de sufragar el coste de la solidaridad que una sociedad como la nuestra precisa para su propia supervivencia.
Pero cuando digo “aviesas intenciones” no pienso, obviamente, en los ideólogos, representantes, defensores y votantes del neoliberalismo, ni en sus parientes conservadores, que, a fin de cuentas, actúan con coherencia, y también podrían hacerlo con una cierta legitimidad, si no fuera por las falsedades en las que incurren, sino en quienes se declaran socialistas y de izquierdas y, sin embargo, o no tienen ni idea de lo que hablan o lo que persiguen es fastidiar al gobierno de la Junta y, en particular, a su presidenta.
El argumento de que es preferible dejar los recursos disponibles en manos del sector privado a dejarlos en manos del sector público es tramposo. España ha sido y es uno de los países de Europa con menor presión fiscal y menor nivel de gasto de las administraciones con respecto al PIB y, aun así, como todo el mundo sabe, los recursos se han gestionado mal. A diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en los países escandinavos.
La cuestión no está en pagar más o menos a la Hacienda Pública, sino en que paguen más quienes más tienen y, sobre todo, en que lo que se recaude se gaste bien.
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