¿Habrá proceso de democratización en Cuba tras la muerte de Fidel Castro? Esta se diría que es la pregunta del millón. Y, si no lo es, si no es la pregunta del millón, es al menos la principal interrogante que se plantean quienes se interesan por el presente y por el futuro de esta república insular caribeña que durante más de medio siglo ha desafiado el poder y la influencia de los Estados Unidos de Norteamérica.
¿Se dan las condiciones que la mayoría de los entendidos en la materia –léase politólogos y sociólogos– señalan como necesarias –por no decir imprescindibles– para que en el país pueda producirse una transición a la democracia en los próximos años? De momento, nadie parece ponerse de acuerdo a la hora de proporcionar una respuesta a la cuestión, aunque casi todos los analistas coinciden en que el relevo que se va a producir en la Casa Blanca, en enero, con la llegada a la presidencia de Donald Trump y el cambio de signo en la política exterior estadounidense, no augura que vaya a contribuir al buen fin de ese proceso. En lo que sí se ponen de acuerdo casi todos esos mismos analistas es que la República de Cuba es, a todas luces, un régimen autoritario, una dictadura, del proletariado, si así se la quiere apellidar, pero una dictadura a fin de cuentas, mal que les pese a ciertos intelectuales de ascendencia marxista que todavía la consideran como uno de los últimos bastiones contra el imperialismo colonial yanqui y el perverso capitalismo.
Para estimar las probabilidades de que en Cuba sea viable el inicio de una transición hacia un régimen que pueda tenerse por “democrático”, según todos los estándares a día de hoy establecidos, y que, llegado el caso, pueda superar la prueba definitiva del algodón, hay que analizar si en el país se dan los factores que podrían facilitar la implantación y consolidación de la democracia. Entendiendo por democracia todo sistema de gobierno en el que tanto el poder ejecutivo como el poder legislativo son elegidos mediante elecciones libres, justas y periódicas a las que pueden concurrir más de un partido y en el que los ciudadanos, además de ser iguales ante la ley, gozan de un mínimo de derechos civiles y políticos, siguiendo la concepción maximalista de teóricos como Robert A. Dahl, en lugar de concepciones demasiado minimalistas.
Basándonos en el criterio de Przeworski, Álvarez, Cheibub y Limongi, está claro que el actual diseño institucional del estado cubano no es precisamente el más idóneo para su democratización y que toda transición que se emprendiera tendría como primer cometido una reforma profunda del mismo, empezando, obviamente, por su Constitución, que consagra la socialización de todos los medios de producción (comunismo) y el dominio de un único partido, el PCC. El presidencialismo imperante desde el triunfo de la revolución en 1959, y hereditario, cual si de una monarquía absolutista se tratara, no preludia cambios políticos importantes a corto plazo. Aunque la anunciada renuncia al más alto cargo de la República de Raúl Castro para 2019 abre la puerta a un escenario de incertidumbre en el que la posibilidad de un viraje hacia la democracia plena no puede ni debe descartarse, dado que el régimen, a pesar de estar sólidamente asentado en unas instituciones y unas prácticas que han funcionado, más mal que bien, más bien que mal, durante los últimos 50 años, unas fuerzas armadas leales, una extensa burocracia acomodada y una masa social sumisa, ha sido tan personalista como lo son la mayoría de las dictaduras y ha estado marcado por la figura relevante y mediática de Fidel (héroe para algunos y villano para otros), cuyo papel en la farsa que es la vida humana expiró hace apenas un par de semanas, el pasado 25 de noviembre.
No obstante, para comprender por qué la república cubana se vio envuelta en un conflicto revolucionario que derivó en la creación de un estado comunista debemos efectuar un repaso –siquiera somero, por razones de espacio, y dadas las pretensiones de este trabajo– a la historia del país desde 1899, año en que se independiza de España y pasa a convertirse en un estado tutelado por EE.UU, con una democracia a medias, de corte liberal y sufragio limitado, y dos dictaduras, la de Machado (1925-1933) y la de Batista (1952-1959), al servicio de los intereses de la oligarquía local (productores de azúcar, tabaco, café, petróleo, etc) y los intereses económicos norteamericanos. Pues es ese tutelaje –expresión y secuela de lo que significara la doctrina Monroe– el que, junto a los conflictos políticos y sociales de la época, determinará el surgimiento del movimiento guerrillero que acabará derrocando a un gobierno corrupto, constituido a partir de un golpe de estado y amparado desde Washington. Del mismo modo que la hostilidad posterior de los Estados Unidos al régimen nacido de la revolución, y ya en el marco de la Guerra Fría, determinará los destinos de la isla, empujando al gobierno de La Habana a echarse en los brazos de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).
Tampoco hace presagiar que una transición hacia la democracia pueda desarrollarse en Cuba en breve plazo el hecho de que exista lo que en la terminología de Barry R. Weingast (y su teoría de juegos) se denominaría un equilibrio asimétrico entre los grupos sociales que integran la población cubana. Equilibrio sostenido en una alianza entre el aparato del estado y el partido comunista con un funcionariado numeroso y obediente que disfruta de una confortable posición y una ciudadanía que no nada en la abundancia, pero ve sus necesidades básicas medianamente cubiertas, frente a una disidencia interna fuertemente reprimida y una disidencia externa que hace lo que puede para socavar los cimientos de la autocracia castrista. A menos que algún acontecimiento imprevisto o extraordinario se produzca –ya sea el estallido de una crisis, el efecto de nuevas injerencias foráneas desestabilizadoras o una conjunción inesperada de circunstancias en el plano internacional– no da la impresión de que en el país este equilibrio asimétrico vaya a ser sustituido por un deseable equilibrio óptimo como el descrito por Pareto.
Como diría Weingast, en Cuba los dilemas de coordinación sobre los límites del poder estatal y sobre cuáles han de ser los principios por los que ha de regirse su gobierno no se han resuelto, ni hay indicios de que vayan a resolverse próximamente. Bien es verdad que a lo largo de la última década, con el ascenso de Raúl Castro a la jefatura del estado y la presidencia de Obama, así como la mediación de la Iglesia Católica gracias al Papa Francisco, se han dado pasos, aunque demasiado tímidos, en pos de una futura, pero, desde luego, todavía no cercana, conciliación. Igual que se han adoptado tenues medidas liberalizadoras en el ámbito económico que han sido fruto de una imposición de la coyuntura económica global más que de la voluntad de los gobernantes. Con todo, de momento, la realidad es que el pacto entre las élites que representan a los diferentes grupos sociales cubanos y que sería preciso para la democratización no se vislumbra en el horizonte.
Sin embargo, Cuba presenta indicadores que invitan a albergar esperanza respecto a las posibilidades que la democracia tendría de mantenerse y prosperar en caso de que se instaurase. La desigualdad es reducida, lo que no es de extrañar teniendo en cuenta que hablamos de un estado socialista en el que predomina la titularidad pública sobre la propiedad frente a la privada. (De manera que, en todo caso, el problema radicaría en el traspaso de la titularidad de parte de la propiedad en un hipotético proceso de transición). Los servicios como la educación y la sanidad han alcanzado altas cotas de eficacia que ya quisieran para sí muchos ciudadanos de estados democráticos, a pesar de las dificultades en la disponibilidad de recursos. Es el único país del mundo, según datos de la ONU, que cumple con los criterios de sostenibilidad, tan puestos de moda últimamente, para compatibilizar el progreso con el respeto al medio ambiente. La renta per capita ronda los 7.000 dólares (USA) y el PIB, que en 2015 experimentó un incremento de un 4 por cierto, crece desde hace más de dos décadas, cumpliendo así con los requisitos que autores como Carles Boix identifican como decisivos para el correcto funcionamiento y la estabilidad de una democracia.
Con estas credenciales, y a poco que los diferentes sectores de la sociedad implicados realizaran tanto el esfuerzo como las concesiones exigibles a cada uno, la democratización podría tener éxito. Lástima que las fuerzas no confluyan. Sin lugar a dudas, merecería la pena. El pueblo cubano se ha dotado de suficientes mimbres y se ha ganado el respeto debido como para no volver a ser tratado como lo fuera en aquellos tiempos en los que en Sierra Maestra los Castro y el Che organizaban la rebelión contra unos dirigentes que habían convertido Cuba en el auténtico prototipo de “república bananera”, actuando, cual cipayos, a las órdenes del patrón gringo, dicho sea en lenguaje insurgente.
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