La huida hacia delante emprendida por el ahora presidente en funciones de la Generalitat de Cataluña –embarcándose y capitaneando la aventura hacia la independencia de este territorio que aún es parte de España– no parece que vaya a tener mucho más recorrido del que ya ha tenido, aunque sí sus consecuencias. Y no lo digo con motivo de su conocida imputación por desobediencia, que, dicho sea de paso, se me antoja un despropósito, sino –seguro que lo adivinan– por lo ocurrido en las elecciones autonómicas del pasado domingo 27 septiembre. Unos comicios cuyos resultados han supuesto todo un varapalo para el catalanismo independentista y sus promotores.
El señor Artur Mas y sus compañeros de viaje quisieron dar a esta cita con las urnas un carácter plebiscitario y, mal que les pese, lo consiguieron. Los catalanes dejaron bastante claro que eso de que los secesionistas son mayoría es más bien puro cuento. Y lo hicieron a través del voto, que precisamente es lo único que vale cuando se habla de plebiscito. Porque una cosa es que las formaciones políticas que abogan por la separación de Cataluña del resto del estado español hayan obtenido más escaños que las demás en el nuevo Parlamento que se habrá de constituir en breve y otra muy distinta que hayan conseguido más sufragios, que es lo que, en este caso, de verdad cuenta.
No deberíamos caer, no obstante, y dicho lo dicho, en el error de minimizar el hecho indiscutible de que una parte importante de la población catalana –prácticamente la mitad– está a favor de las tesis soberanistas y se muestra celosa, muy celosa, de su identidad como nación. Por tanto, ahora lo que toca es sentarse y dialogar para volver a tender puentes de unión y curar heridas. Lo que corresponde es ponerse a negociar y buscar las vías para lograr un nuevo encaje de Cataluña dentro de España que satisfaga en la medida de lo necesario a unos y otros y deje el menor número de descontentos posibles entre la ciudadanía. Lo que urge –una vez celebradas las elecciones generales del próximo mes de diciembre– es abordar el tema pendiente de una nueva reorganización territorial del estado que nos sea útil y eficiente durante un período razonable de años, treinta, cuarenta o tal vez cincuenta, como útil y eficiente ha sido la organización territorial autonómica que se edificó al amparo de la Constitución de 1978.
Un reto este que –estoy convencido– habrá de asumir y asumirá el futuro gobierno, sea del signo que sea. Pero no para avanzar o retroceder en lo que se refiere a los niveles de descentralización administrativa de nuestro actual sistema autonómico, pues creo que no es esa la cuestión, sino –eso espero y deseo– para mejorarlo. Siempre y cuando se parta de la base de que la descentralización en sí misma es un medio, más que un fin, para facilitar el progreso y el bienestar de los pueblos y sus gentes.
El problema político catalán ha existido y existe, guste más, guste menos, e ignorarlo u obviarlo, que es lo que ha venido haciendo el Ejecutivo de Mariano Rajoy desde 2012 hasta la fecha, no ha contribuido a solucionarlo, sino a agravarlo. Aunque –com bé diu el refrany– nunca es tarde si la dicha es buena.
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