Como hemos podido comprobar a lo largo de las últimas semanas, el caso de los eres ha dado un giro, no sabría decir si esperado o inesperado. Y no sólo porque su prolija y casi interminable instrucción haya cambiado de manos, después de que la hierática e imperturbable señora Alaya se haya visto obligada a abandonar la causa y en su lugar la haya retomado su sustituta, María de los Ángeles Núñez Bolaños. Que también. Sino por el hecho constatado y contrastado de que, al igual que la administración autonómica de la Junta de Andalucía, otras administraciones del Estado otorgaron ayudas similares a empresas en crisis y a sus trabajadores afectados con un proceder prácticamente idéntico. Tal y como lo hizo, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo durante el último gobierno de Aznar en 2003 con los trabajadores de la denominada Faja Pirítica en la cuenca minera de Huelva. Detalle este no baladí que sirve de apoyo a la tesis manejada por la defensa de los expresidentes Chaves y Griñán y desmonta la teoría un tanto descabellada de la extitular del Juzgado de Instrucción nº 6 de Sevilla en cuanto a que el sistema de subvenciones para expedientes de regulación de empleo en empresas con dificultades puesto en marcha por el gobierno andaluz en 2001 fue ideado para provecho de unos pocos y, por tanto, con la intención de delinquir.
¿Quiere decir todo esto que desde 2001 a 2010 no hubo irregularidades? No, en absoluto. Las hubo. Y porque las hubo se han asumido en el gobierno de la Junta las oportunas –aunque no sabría decir si suficientes– responsabilidades políticas. Más tarde que pronto y más mal que bien, pero se han asumido. En tanto se dirimen las responsabilidades de otra índole en los tribunales.
Como ya he afirmado en alguna que otra ocasión, me parece indignante y bochornoso que unos perlas, todavía no sabemos exactamente cuántos, se permitieran la sinvergonzonería de desviar dinero público para llevárselo a su casa calentito. Y, como he afirmado también desde esta misma tribuna repetidas veces, espero y deseo que los mangantes que han sido pillados, y los que queden aún por pillar, rindan cuentas ante la justicia, devuelvan la pasta robada y paguen por los delitos que hayan cometido.
No obstante, y en esto igualmente me reitero, a la hora de abordar este espinoso tema se han de tener presente ciertas sencillas consideraciones, para analizarlo y valorarlo con un mínimo de rigor e imparcialidad. Entre ellas, que el dinero relacionado con la llamada trama de los eres procedía de una partida incluida en los presupuestos anuales de la Junta y, por tanto, aprobada por la cámara de representantes andaluza, no de actividades fraudulentas no controladas por el fisco. Cosa que no es una tontería aunque a simple vista lo pudiera parecer. Que el plan de ayudas fue diseñado para socorrer a empresas a punto de irse a pique, así como a sus empleados, en situaciones ante las que había que actuar con urgencia, y no para el enriquecimiento de unos pocos, aunque lamentablemente esto terminara ocurriendo. (Pensar lo contrario, además de retorcido, por muy ingenuo que suene, resulta demasiado desalentador). Y, algo no menos importante, que de dicho plan se beneficiaron desde su puesta en marcha unos seis mil trabajadores, de los que no más de un centenar, según tengo entendido, recibieron ayudas sin que les correspondiera.
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