Hay razones más que sobradas para no votar al Partido Popular en las elecciones generales que se avecinan. Entre ellas, la propia gestión económica de la que presume y gracias a la cual, en efecto, se ha conseguido –con la ayuda de la coyuntura– que el país vuelva a la senda de la recuperación, a cambio, eso sí, de extender la pobreza como no se recordaba desde hacía décadas, y devaluar el factor trabajo lo suficiente como para convertir España en el nuevo “tigre asiático” de Europa con el que soñaba don Mariano. Tanto como la acción de gobierno desarrollada a lo largo de los últimos cuatro años en materia de sanidad, educación y servicios sociales. O la corrupción en la que la formación pepera se ha visto inmersa prácticamente desde antes de su fundación. Aunque, si una razón prima sobre las demás, cosa, por otra parte, harto difícil, esa es la de la reciente aprobación de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza.
Alguien me recordará, y no sin acierto, que motivos para no votar a otros partidos –léase PSOE– también los hay. ¡Solo faltaba! En efecto, los hay, no lo dudo. Pero la realidad es que quien gobierna y aspira a seguir gobernando es el PP, con Rajoy a la cabeza, para más inri, acompañado de aquellos mismos que nunca se enteraron de la contabilidad B de la organización que dirigían ni de lo que hacía en ella Bárcenas. Y he aquí el quid de la cuestión.
La nueva Ley de Seguridad Ciudadana puede considerarse la gota que ha colmado el vaso de los despropósitos del Ejecutivo del Partido Popular. Por mucha explicación infundada que para justificarla trate de colarnos el ministro de Interior, don Jorge Fernández. La vena retrógrada y filofranquista de un amplio sector de los populares ha estado ahí siempre como todos ya sabemos. Pero, con la aprobación y entrada en vigor de este nuevo texto legal, se nos ha revelado en todo su esplendor y, desde luego, sin ningún complejo.
La Ley Mordaza supone un atentado contra el derecho de la gente a protestar y manifestarse en defensa de sus intereses y contra todo aquello que estime equivocado o injusto. Diríase que es un torpedo contra la línea de flotación de un sistema democrático, el nuestro, ya muy necesitado de un buen calafateo. Una clara acción represora contra algunas de las más elementales libertades cívicas que nos retrotrae a aquellos tiempos en que los grises –la Policía Armada del antiguo régimen– campaban a sus anchan y repartían porrazos a mansalva en Madrid y otras ciudades cada vez que se producía alguna concentración “sospechosa” de ciudadanos.
Pienso que esta ley –que deja al arbitrio de las fuerzas de orden público el juicio y castigo de conductas que hasta ahora solo podían ser juzgadas y condenadas por los tribunales, una vez probadas– era y es innecesaria, vulnera la constitución y está concebida no para proteger a la ciudadanía sino para controlarla a fin de que no se salga del tiesto. Y esto es lo que piensan también oenegés como Cáritas, asociaciones en defensa de los derechos humanos o colectivos de jueces, fiscales y abogados, que no son –que yo sepa– la voz de una minoría constituida por unos malditos rojos revolucionarios o unos locos anarquistas antisistema.
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