La oposición lo advirtió en su momento. Y no una, sino varias veces. La contratación del personal de confianza efectuada por el equipo de gobierno de andalucistas y populares contravenía la legalidad. PSOE y PIBA lo dijeron incluso en más de una sesión de pleno, aunque solo obtuvieron la callada por respuesta, cuando no el menosprecio de Romero y compañía.
Hablo de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Algeciras que anula los cuatro decretos, de fecha 24 de enero de 2013, en virtud de los cuales el alcalde de Los Barrios nombró a sus cuatro cargos de confianza para el mandato que ahora termina. Según reza en la misma, por una posible vulneración de lo establecido en el artículo 3º del Real Decreto-Ley 20/2011 sobre Medidas Urgentes en Materia Presupuestaria, Tributaria y Financiera para la Corrección del Déficit Público, así como el artículo 23º de la Ley 17/2012 de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013 y el artículo 12º del EBEP, entre otra normativa legal.
La noticia ha pasado prácticamente desapercibida y no ha recibido la atención mediática que hubiera debido otorgársele. Tal vez porque ha sido dada a conocer justo después de las elecciones locales, cuando toda la opinión pública podía estar ya más que saturada de los excesos de información y desinformación típicos de la precampaña y la campaña. Y también porque, como ocurre con casi todo lo que se somete a la jurisdicción contencioso-administrativa, el tema, a pesar de su interés y su calado, carecía y carece del suficiente gancho para el ciudadano de a pie.
No obstante, la gente ha de saber que esta sentencia es una de las dictadas por los tribunales, con el Ayuntamiento como protagonista, que mayor trascendencia puede tener para el presente y el futuro de la institución y del municipio. No porque obligue al cese de los cuatro contratados en enero de 2013, cuya relación laboral con el Consistorio a fin de cuentas debía expirar en estas fechas, sino por algo mucho más serio y grave. La posibilidad de que lleguen a ser nulos de pleno derecho todos los expedientes administrativos que estos cargos de confianza avalaron con sus firmas a lo largo de los dos últimos años, además de los presupuestos de 2013 y 2014 en los que se incluyeron sus remuneraciones.
Al señor Romero le ha enfadado mucho que se haya difundido el contenido de esta resolución judicial y que no se le haya concedido ningún período de tregua después del 24 de mayo, aunque olvida que quienes no le dan tregua, y parece que seguirán sin dársela, son los jueces. Entre otras cosas, porque la justicia no está obligada a conceder días de cortesía, ¡solo faltaba!, a ningún grupo político después de unas elecciones. Seguramente, al actual alcalde en funciones de Los Barrios le habría gustado que se hubiera corrido un tupido velo sobre el asunto y que nadie se hubiera enterado de lo sucedido, pero flaco favor se le habría hecho con tal modo de proceder a la causa de la transparencia en la gestión de lo público que hoy más que nunca se demanda.
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