Iba a decir que me sorprende la actitud que mantiene el Gobierno de Rajoy con respecto al desafío catalanista después de la denominada seudoconsulta del 9-N. Pero, en realidad, no me sorprende. Más bien he de afirmar que me preocupa.
En mi opinión, resulta un tanto inquietante la ceguera con la que el Ejecutivo del Partido Popular continúa afrontando el problema. Denota por su parte una notable falta de capacidad para hacer política de estado cuando la ocasión lo exige y, sobre todo, altura de miras. Aunque de esta falta de capacidad de la que hablo ha dado ya sobradas muestras el PP y las formaciones que de la mano de Aznar contribuyeron a su fundación allá por 1989. Especialmente en temas como la lucha contra el terrorismo de Eta y la búsqueda de la paz en el País Vasco o las relaciones de España con el exterior.
Enrocarse como parece que se enroca en sus tesis el Gobierno, apelando continuamente a la legalidad, como si la legalidad no pudiera cambiarse, y planteando el asunto como si todo dependiera de una pura y simple cuestión de firmeza ante las pretensiones de los nacionalistas en defensa de la unidad e indivisibilidad del reino puede terminar convirtiéndose en un craso error.
Como craso error está siendo también, a mi juicio, mezclar en el embrollo a la fiscalía para que actúe contra el Govern de la Generalitat y encima hacerlo presionando descaradamente sobre el fiscal general, Torres-Dulce, para que así sea. Por la sencilla razón de que esa medida sólo contribuye a tensar más la cuerda y es evidente que lo que se precisa es todo lo contrario. O séase, huir de las posiciones rupturistas y tender puentes de diálogo entre las fuerzas en conflicto.
Puedo entender y entiendo los recelos habidos y por haber entre los no nacionalistas a la convocatoria de un referéndum, pero no los comparto. Pues, si tan convencidos están algunos de que ese llamado proceso de participación puesto en marcha el pasado 9 de noviembre está siendo todo un fracaso y es rechazado por la ciudadanía, ¿qué inconveniente hay para que la gente exprese su voluntad a través de las urnas en el marco de un acuerdo previamente pactado que, además, no sólo ofrezca elegir entre un sí o un no rotundo a la opción secesionista, sino también alguna fórmula intermedia?
Pero, si lo de autorizar una consulta de ese calado implica sobrepasar una barrera que no se debe, ¿por qué no sentarse a negociar una reforma de la Constitución que, cuando menos, nos sirva para los próximos 30, 40 ó 50 años?
El futuro de la vinculación de Cataluña con el resto del estado español se nos presenta a día de hoy como una gran incógnita. Fundamentalmente, porque todo va a depender de las decisiones que adopten en los próximos meses los representantes del frente soberanista y de si se mantienen o no en sus treces.
En cualquier caso, lo que está claro es que, si, como parece probable, se convocan elecciones plebiscitarias y, tras el resultado de las mismas, el nuevo parlamento autonómico –de la mano de CIU, Ezquerra Republicana, ICV (Iniciativa per Catalunya Verds) y CUP (Candidatura d’Unitat Popular)– declara unilateralmente la independencia, tendremos el lío montado y un lío, por cierto, bastante gordo.
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