Lamentablemente, al menos en lo que se refiere al caso concreto de España, resulta difícil hablar de política y no hablar de corrupción. Sobre todo, después de lo que se ha venido descubriendo a lo largo de los últimos meses. Como si por estos lares política y corrupción fueran una misma cosa, sin serlo.
Uno de los muchos detalles en los que los representantes de esa nueva formación política en ciernes llamada “Podemos” tienen razón, sin lugar a dudas, es que nuestro sistema político rezuma podredumbre por todas sus caras y está necesitado de una regeneración urgente si no queremos que el edificio se nos derrumbe en breve. Una profunda reforma –¿o tal vez una pacífica y razonable revolución?– que, evidentemente, no puede acometer y mucho menos liderar un partido, el del gobierno, sin antes someterse a un proceso de renovación como lo está haciendo, o parece que lo trata de hacer, el que, a día de hoy, todavía sigue siendo –no sabemos hasta cuándo– el principal partido opositor.
Se ríe uno cuando ve en los medios a los destacados gerifaltes del PP presentándose como los paladines de la lucha contra los escándalos de robo, malversación, soborno, concusión, cobro de comisiones ilegales y tráfico de influencias vinculados a las administraciones. Y se ríe uno, por no llorar, porque puede considerarse una burla, una tomadura de pelo a la ciudadanía. Teniendo en cuenta que los principales dirigentes de esta formación –y no uno, dos o tres, sino casi toda la troupe entera a nivel nacional, empezando por su presidente– están bajo sospecha y colocados en el punto de mira. En el punto de mira de la fiscalía y de los jueces.
El señor Rajoy puede estar legitimado por las urnas para continuar al frente del Ejecutivo, pero no lo está moralmente. Y no lo está, en mi opinión, porque la moral –téngase presente– no sólo es cuestión de ética, sino también de estética. Pues –aun sin mencionar el célebre y manido intercambio de mensajes “sms” con un presunto delincuente hoy encarcelado en Soto del Real– no parece que esté muy bonito que sea jefe del gobierno del estado español alguien que presuntamente pudo estar cobrando suculentos sobresueldos en B, esto es, sin ni siquiera declararlos al fisco. El ahora líder –ya más discutido que indiscutible– de una organización política que durante dos décadas, sino más, pudo estar financiándose de aquella manera –ustedes ya me entienden– y cuyo nombre figura entre los de quienes avalaron a Bárcenas para la apertura de una cuenta en el Dresdner Bank de Suiza. Por mucho menos, a un dirigente político de cualquier país de nuestro entorno se le habría caído la cara de vergüenza y, desde luego, habría dimitido de inmediato. Pero aquí, en esta tierra nuestra, tan singular y tan plural a un mismo tiempo, ya saben, nos sobran morros para eso y para mucho más.
La regeneración, está claro, no puede llegar de la mano de un PP cuya dirección durante años funcionó como una agencia dedicada a la recaudación de pasta –de muy dudosos orígenes– para repartírsela, ni, por supuesto, de un PSOE que no se ponga las pilas ni cambie cuanto haya de cambiar. Sólo será posible y creíble cuando la gran parte de los personajes que ocupan cargos públicos y están claramente señalados por el dedo acusador de la justicia como consecuencia de su implicación en tramas delictivas o en presuntos asuntos de mangoneo a alta o baja escala no se vayan a su casa de una puñetera vez y sean sustituidos por personas decentes o a las que cuando menos podamos otorgar el beneficio de la duda.
Convendrán conmigo que, tras haber llegado hasta donde hemos llegado, ya no se puede ni se debe dejar pasar ni una.
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