Como comprenderán, no me he leído al completo el texto de la reforma fiscal implementada por el gobierno de Rajoy que entrará en vigor en 2015, pero aun así me voy a permitir comentar algo al respecto en las líneas que siguen, si bien muy de pasada, y espero que nadie me censure por ello. A fin de cuentas, estoy casi convencido de que la mayoría de los analistas que se pronuncian sobre las virtudes o los defectos de dicha reforma –con mayor conocimiento de causa que un servidor– no se la han leído de pe a pa y estoy por apostar que incluso el señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, don Cristóbal Montoro, tampoco.
Soy también de los que piensan que los cambios introducidos en nuestro sistema de tributación por el Ejecutivo del PP obedecen a objetivos electoralistas más que realistas. Entre otras razones, porque se nos vende una reducción de impuestos directos que aseguran va a tener efectos positivos para la marcha de la economía y, dada la coyuntura en la que nos encontramos, no parece que eso vaya a ser cierto.
Bajar el IRPF no es progresista, todo lo contrario. Aunque admito que esto último que digo no es más que una opinión, con o sin fundamento, dictada por la ideología que defiendo. Lo malo es que, independientemente de que sea o no “progre”, no creo que sea bueno para España y los españoles en el momento actual, por mucho que a simple vista lo pueda parecer. En primer lugar, porque los que no tienen ya no lo pagaban antes de la reforma. Y, en segundo lugar, porque los que sí tienen algo como para ir tirando, y se supone que a partir del año que viene tributarán menos, en realidad, pagarán más –y he aquí la trampa– afrontando de sus bolsillos gastos en prestaciones, atenciones y servicios que hasta no hace mucho el estado les garantizaba como un derecho reconocido.
Pero es que bajárselo encima a los que más poseen, y pueden pagarlo, en los tiempos que corren, mientras se recorta en sanidad, educación, gasto social, investigación y desarrollo, es una absoluta irresponsabilidad que puede agravar la situación del país y someterlo a años de estancamiento y atraso. La medida pone en peligro la capacidad de nuestra administración para financiarse. Dado que, si las previsiones de ingresos no se cumplen, y es muy posible que no se cumplan, teniendo en cuenta el riesgo de recesión que se cierne sobre el horizonte de las principales potencias de la zona euro, el déficit puede sobrepasar una vez más los límites establecidos por Bruselas y la deuda pública, que en los últimos tres años ha pasado de setecientos mil millones a más de un billón de euros, dispararse hasta unos niveles alarmantes e inasumibles, que un indicador tan manipulado y engañoso como la prima de riesgo, al servicio de quienes, por cierto, controlan los mercados financieros, no refleja.
Como las elecciones están a la vuelta de la esquina, quieren convencernos desesperadamente de que avanzamos por la senda de la recuperación y se aferran a un espejismo: el del tímido crecimiento, después de muchos trimestres consecutivos de bajada, cuando la verdad es que el hecho de que el PIB haya experimentado incrementos –aunque en términos absolutos pueda tomarse como una gran noticia– no significa apenas nada. También crecen las economías de países como Etiopía o la República del Congo y, sin embargo –dicho sea con todos los respetos– así les va a los etíopes y a los congoleños.
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