Leo entre las muchas noticas de las que he tenido conocimiento a lo largo de esta semana una que me llama especialmente la atención. Uno de cada nueve altos cargos al servicio del estado es millonario. Y pienso: fenómeno explicable; son los millonarios quienes tienen un mejor y más fácil acceso a la formación, más posibilidades de relacionarse con quienes detentan el poder político y los únicos que de un modo u otro pueden comprar dichos cargos.
A fin de cuentas, esto no es sino una seña de identidad más de la sociedad dual y economicista en la que vivimos, regida –tomo prestada la teoría de Pareto– por una élite política, económica y empresarial –de la que en función de la bonanza de los tiempos se beneficia un mayor o menor porcentaje de esa población que llamamos clase media– y sostenida por una mayoría, a su vez heterogénea de ciudadanos, que o se debate entre sobrevivir el día a día o en cómo ingeniárselas para ser miembro de dicha élite, desahuciados y excluidos, que se multiplican, por cierto, en progresión casi geométrica, aparte.
Quizá la casta a la que, chispa más o menos, se refieren Pablo Iglesias y su “Podemos”, quienes aciertan, creo, en el diagnóstico de los múltiples problemas sociales que nos aquejan, pero no –en mi humilde opinión, por supuesto– en el tratamiento que se ha de aplicar para solucionarlos.
Los ricos compran puestos como compran másteres y compran voluntades como compran favores y contratos de las administraciones públicas, bien sea como personas físicas o bien como personas jurídicas, lo que es todavía más frecuente, es decir, como empresas. Esas mismas empresas a través de las que, con astucia y alevosía, se las ingenian incluso hasta para que sus declaraciones de Hacienda les salga a devolver aun estando podridos de billetes. Aunque lo que resulta todavía más flagrante es que algunos de esos ricos, después de hacerse de pasta, y mucha pasta, a la sombra de los gobiernos y sus instituciones, encima utilicen dicha pasta para luego actuar a su antojo, pasándose por el forro autoridad y democracia.
El paradigma de todo esto que digo lo tenemos en la España de hoy con el caso Gurtel. Una trama delictiva organizada para el enriquecimiento de unos cuantos a través de una red de empresas que se nutría de contratos con administraciones gobernadas por el Partido Popular y que, desde Madrid y Valencia, extendía sus tentáculos a otros puntos de la geografía nacional. Claro que también podrían valernos como botón de muestra el caso de los eres, el del Instituto Nóos, el de los Pujol, el de los cursos de formación y otros tantos por el estilo.
Lo malo es que la cosa no se queda solo ahí, ni por mucha regeneración de la que se hable, ni por el hecho de que los escándalos mencionados estén en manos de la fiscalía y los jueces. Porque lamentablemente en nuestro territorio patrio la pillería y la sinvergonzonería en torno a la gestión de lo público campan a sus anchas y tenemos ejemplos sobrados como para completar una enciclopedia de varios volúmenes con la descripción y tipificación de todos los delitos que la corrupción puede dar de sí.
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