Parece ser que el Partido Popular ha dado un paso atrás en su propósito de reformar la ley que regula la interrupción voluntaria del embarazo. Y, si finalmente se confirma que es así, me alegro. Rajoy y compañía han echado cuentas, han visto la aguja mareada y han optado por guardar en el cajón, hasta mejor momento, el proyecto de Gallardón. Es decir, han renunciado a sus principios ideológicos por un buen puñado de votos. Y, en este caso, y sin que sirva de precedente, no les censuro el cambio de opinión. Todo lo contrario. Teniendo en cuenta lo retrógrado que son dichos principios. Aunque sí que les repruebo, y en la obligación me hallo de hacerlo, la hipocresía con la que se conducen.
La reforma de la citada ley propuesta por el actual ministro de Justicia era y es todo un despropósito. Así que puede considerarse una suerte que, sea por las motivaciones que sea, haya sido paralizada. Su aprobación y entrada en vigor supondría un retroceso inaceptable en los derechos de la mujer. Aunque entre la derecha de este país haya quien así lo crea, una madre no aborta por gusto. Si toma una decisión de ese calado, que resulta, además, siempre traumática, no es fruto de un capricho que quiera darse. No se levanta por la mañana, se toma tranquilamente su desayuno y, tras pensar qué hacer durante el día que tiene por delante, opta por irse a la clínica del ginecólogo a que la intervengan y la libren de su preñez. Normalmente, lo hace después de meditarlo y movida por razones, que, desde el punto de vista de lo humano, pueden ser comprensibles y deben ser comprendidas por esta sociedad de la que forma parte.
Quien incluso en una situación de embarazo indeseado o con riesgo para la salud no se plantee siquiera recurrir a la opción de interrumpirlo porque sus creencias religiosas y morales no se lo permitan que no lo haga. Está en su derecho. ¡Faltaría más! Ahora bien, lo que no vale es que desde la autoridad del estado, y a través del ordenamiento jurídico, se trate de imponer al resto de ciudadanos dichas creencias. Como no vale tampoco, por anacrónico e incongruente, que se intente impedir a las mujeres que decidan sobre su cuerpo y su maternidad por sí mismas, estando como estamos en los albores del siglo XXI y no en los tiempos de Franco.
Entiendo el posicionamiento moral en contra en esta cuestión. Aunque no lo comparta. Porque es verdad que no hay certeza científica en un sentido ni en otro sobre en qué momento de la gestación el feto adquiere la dimensión de persona, con lo que esto implica.
En cualquier caso, a mí lo que me revienta de este debate –lo digo sin ambages– es lo santurrones que se ponen algunos y algunas. Como ya he comentado en más de una ocasión escribiendo acerca de esto mismo, ojalá muchos de esos que tantos golpes de pecho se dan proclamando lo que les preocupa la vida de los no nacidos se preocuparan con similar ahínco e igual celo por la dignidad de los nacidos, independientemente de su sexo, raza, condición o credo y del lugar en el que se encuentren en este jodido pero maravilloso mundo.
Yo lo tengo claro. La madre que decide la interrupción voluntaria de su embarazo no es una asesina y no se le puede tratar casi como si lo fuera.
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