Ignoro, en el momento de escribir estas líneas, si es la primera vez que ocurre o ha ocurrido otras veces a lo largo de la historia de la jurisprudencia en España. De todas maneras, y aunque haya algún perdido y olvidado precedente, resulta desde luego inaudito. Me refiero, cómo no, al espinoso tema de la imputación de la Infanta doña Cristina de Borbón y Grecia, por los presuntos delitos de fraude a la Hacienda Pública y blanqueo de dinero, en la causa abierta por el llamado caso Nóos y sus derivaciones.
No sólo no es normal que la acusación recurra imputaciones efectuadas por el juez instructor de un sumario, sino que, encima, lo haga con sorprendente encono, como lo ha hecho, en el caso de la hermana del Rey, el fiscal Pedro Horrach. (Se diría que con más interés por defender a la infanta, y desacreditar al titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de Palma de Mallorca, José Castro, que por perseguir, como debiera, el supuesto delito que aquélla hubiera podido cometer). Y lo malo es que resulta hasta un tanto sospechoso, aunque no haya nada de ilegal o alegal en ello. Malo para la credibilidad de un sistema político el nuestro, que viene echando pestes desde hace algún tiempo, porque necesita infinidad de arreglos, especialmente en lo que respecta a higiene y saneamientos. Igual que resulta malo también para la confianza de los ciudadanos en la justicia, poder fundamental sobre el que se asienta el estado de Derecho, siempre puesto en el punto de mira, que, no obstante, mal que bien, bien que mal, por algún que otro desajuste conceptual y, sobre todo, por una cuestión de mayor o menos escasez de medios, funciona. O eso creo.
Como ya he escrito en alguna otra ocasión en relación a este asunto, yo no deseo que doña Cristina de Borbón sea juzgada y menos aún condenada, pero considero que es lógico e inevitable que se vea envuelta en una causa que afecta no ya sólo a la persona de su marido, Iñaki Urdangarín, sino también a la sociedad mercantil que con el mismo comparte al cincuenta por ciento. Es lo que le ocurriría probablemente a cualquier hijo o hija de vecino en unas circunstancias similares. Entre otras razones, porque, como establece uno de los principios básicos de nuestro ordenamiento jurídico, el desconocimiento no sirve de eximente, salvo en muy contadas ocasiones. Y no estoy yo muy seguro de que estemos ante una de ésas. Ante una de esas contadas ocasiones, quiero decir. Lo que no significa que esté atribuyendo, por acción u omisión, responsabilidades a la infanta en los chanchullos de su socio y consorte.
A fin de cuentas, no está de más tener presente algo que con facilidad se olvida, y muy especialmente en los procesos judiciales en los que se ven involucrados personajes públicos o que despiertan el interés de los medios. Todo el mundo es inocente mientras no se demuestre lo contrario.
Una imputación no es ni equivale a una sentencia condenatoria y ésta de la que hablamos tampoco, aunque haya quien se empeñe en ello.
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