Me fastidia que haya quien centre el debate sobre algunas iniciativas de carácter social propuestas en si éstas son o no legales en lugar de su necesidad, utilidad y urgencia, que es lo que importa. Más que jugar a ser exégetas de la Constitución de lo que tendrían que ocuparse quienes rigen nuestros destinos es de aplicarla, respetando su espíritu y cumpliendo con lo que manda, en la medida de lo posible, para solucionar los problemas que acucian a los ciudadanos.
Le recordaba a alguien días atrás, a través de uno de los blogs en los que reproduzco estos artículos, cierta máxima muy atinada que la autoridad no debe o no debería nunca dejar pasar por alto. Que la ley está para servir al hombre y no el hombre para servir a la ley. Incluso, o con más razón aún si cabe, en un estado de derecho como lo es el nuestro.
Y, ahora, mientras escribía esto último, he caído en la cuenta de otra máxima parecida que dejara dicha San Agustín: Lex iniusta non est lex. Lo que significa que la ley que a todas luces es injusta no puede o no debería ser considerada como tal. Cosa con la que he decir que estoy de acuerdo.
Aunque yo voy a más. Soy de los que piensan que la ley que es injusta, si se tercia, debe ser incluso desobedecida. Y apelo para la defensa de esta tesis a ese sentido común al que tanto gusta apelar desde el partido que nos gobierna. Al sentido común y al sentido de la justicia, que, con algún que otro matiz, la mayoría de la gente de bien que habitamos por estas latitudes compartimos.
Me refiero, por supuesto, a todas aquellas leyes que por mucha legitimidad de la que estén investidas en unas circunstancias muy concretas puedan causar, y de hecho causen, más perjuicio que beneficio. Y créanme que alguna que otra de esta naturaleza existe en nuestro ordenamiento jurídico. Como lo son, por ejemplo, en estos tiempos de crisis, las relacionadas con la propiedad y la vivienda, sin ir más lejos. En esto me van a permitir una vez más que me deje arrastrar por el radical que llevo dentro y que no me esfuerzo por contener. Aun sabiendo que entregarse al radicalismo tiene sus riesgos. Habrá quien dirá que lo que estoy defendiendo es que es legítimo rebelarse contra lo acordado, aprobado y sancionado por los poderes legal y democráticamente establecidos. Pues, sí, en efecto, eso es precisamente lo que estoy haciendo. Y no creo que sea como para dramatizar y escandalizarse.
El motivo de esta breve y apresurada reflexión es cierta noticia de la que se hacía eco esta semana la mayoría de los medios. Una más de las muchas por el estilo que desgraciadamente se difunden casi a diario y nos recuerdan lo peor de la realidad que vivimos. Ocurría el pasado miércoles en el municipio zaragozano de Alagón y la protagonizaba un humilde matrimonio de ancianos octogenarios, con una hija enferma de esquizofrenia a su cargo, echados de la que fuera su casa durante más de 40 años. No sé qué pensarán ustedes, pero yo, con el corazón en la que mano, digo que para una canallada de ese tipo no hay o no debería haber legalidad alguna que la ampare.
Táchenme de demagogo si les place, pero bienvenida sea la demagogia si la causa lo merece. Puestos a elegir entre lo que es bueno o lo que es lícito, yo me inclino por lo bueno.
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