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- José Antonio Ortega

¿Dónde está el problema?

31/01/2014 09:55

A veces me pregunto cómo es que hay responsables políticos a los que no se les cae la cara de vergüenza cuando toman decisiones que, se miren por donde se miren, no están en modo alguno fundamentadas desde un punto de vista ético y encima causan más perjuicio que beneficio. Y ésta es una de ellas.
Otra primera valoración no se me ocurre al ponerme a reflexionar sobre el injustificado recurso de inconstitucionalidad que en su día presentó el Gobierno del PP y que ha derivado en la suspensión cautelar de la denominada ley antidesahucios de la Junta de Andalucía.
Y digo que injustificado, en referencia al recurso, porque dicha ley no supone un atentado contra el derecho a la propiedad privada, ni muchísimo menos, como se sostiene desde el Ejecutivo. Convendrán conmigo que una cosa es una expropiación temporal de una vivienda y otra muy distinta arrebatársela a su legítimo dueño de manera definitiva sin posibilidad alguna de restitución. Algo que en la citada ley no está contemplado, que yo sepa. Y, si lo está, lo estará como excepción, pero no como regla.
El derecho a la propiedad privada no puede estar por encima ni del interés general ni, por supuesto, de otros derechos fundamentales, entre ellos el derecho a una vida digna. Es ésta una de las principales conquistas sociales del siglo anterior contemplada y respetada en todos los países civilizados y democráticos de nuestro entorno. Nadie, o casi nadie, se atreve a discutir la dimensión social de la propiedad privada y que esta institución no es tanto un bien por sí misma sino como por la función que cumple, o que, en todo caso, debería cumplir. Este debate está cerrado desde hace tiempo, incluso en el seno del liberalismo más ortodoxo.
Así que sorprende, por no decir que indigna, el hecho de que el gabinete del señor Rajoy se aferre a un argumento que, probablemente, hasta los representantes del Tea Party de los Estados Unidos de América no haría suyo y que esconde detrás de un más que discutible tecnicismo legal relacionado con una presunta invasión de competencias.
Es todo un insulto a la inteligencia de los andaluces tachar al gobierno de la Junta que preside Susana Díaz de castrista o prosoviético, como lo hacen, por adoptar medidas en defensa de las familias en riesgo de exclusión que no van contra nadie, que no infringen ningún principio de nuestra Constitución y que, a buen seguro, cualquiera con un mínimo de sensibilidad, a poco que se lo piense y medite, no puede sino considerar razonables y justas. Y más aún en los tiempos que corren y con la que sigue cayendo.
Resulta vomitivo lo que se les ha escuchado y se les escucha todavía a veces a algunos próceres de nuestra derecha más y menos reaccionaria en cuanto a este menester. De verdad, lo afirmo sin  tapujos. Aunque haya a quien le fastidie y muy mucho.
Alemania, Francia, Holanda o Dinamarca ni son estados comunistas ni lo han sido y todos ellos comparten una legislación que otorga un tratamiento similar a los propietarios de viviendas desocupadas. De manera que uno no entiende a qué viene la guerra que en esta cuestión se le ha declarado a la administración autonómica de Andalucía sin caer en la sospecha.
El otro argumento no jurídico pero si dialéctico que esgrime el Ejecutivo para apoyar su recurso es tan inconsistente que no merecería ni comentario. Dice que la ley andaluza no es necesaria porque el gobierno ya ha tomado medidas en el mismo sentido para evitar que la gente más necesitada pierdas sus casas. Si es así, ¿dónde está el problema?

http://www.jaortega.es

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Sr. Ortega, invito su atención al Artículo 33 de la Constitución Española, y particularmente, el párafo 3. Si la Junta de Andalucia tiene la autoridad de, por razones debatibles, expropiar una vivienda a un banco, sin remuneración adecuada, entonces, bajo la misma autoridad, tiene el derecho de expropiar una vivienda a un ciudadano particular, como a usted, o a mi. Creo que mucha gente piensa que mientras se expropien propiedades privadas a los bancos, esta aceptado, pero sería interesante si lo hacen a un ciudadano particular. No encuentro racionalización a porqué al banco si, pero a mi, o Ud., no. Finalmente, este asunto es un caso con raizes legales. Lo que Ud., o yo pensemos, es acceotable, y/o debatible, pero no determinante. La Justicia tiene la última palabra. Las buenas intenciones son una cosa, pero la ley, tiene que ser la ley.

Nº 1 |  El Llanero Solitario (31/01/2014 16:50)
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Se equivoca La administración expropia y de hecho lo ha hecho y lo hace por interés público. Cuando se va a realizar una carretera, por ejemplo. Pero es que, además, la ley andaluza lo que contempla es una expropiación temporal. Te invito a consultar la legislación alemana, francesa, holandesa, danesa, etc, respecto a las viviendas desocupadas. En algunos de estos países no ya es que las expropien, es que las derriban. Una reflexión: la ley está para servir al hombre, no para convertir a éste en su esclavo. Y un saludo.

Nº 2 |  J. A. ORTEGA (31/01/2014 17:38)
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Creo que Ud. está mezclando peras y manzanas, ambas frutas, pero distintas y diferentes. Cuando la Admnistración expropia una carretera, es por el "interés público" pues todo el mundo, o público, puede utilizar la carretera. Cuando expropia una casa, es por el interés exclusivo de un individuo, que es parte "diluida" del "público", pero no es "todo el público". El interés se convierte en el de uno, no en el de todos. ¿Descriminación positiva?. Puede ser. Finalmete, interesante apunte sobre la legislatura de los otros paises Europeos, pero en realidad, esa legislación no tiene ninguna aplicación en España, por lo tanto no es un argumento válido. Es cierto que la ley está para servir al hombre, pero el hombre no tiene la autoridad individualmente de cambiarla a su gusto, pero si la obligación de cumplirla. Al final, los jueces, que para eso están donde están, deciden. Asi son, como Ud sabe, las reglas del juego que "el hombre" ha establecido. Cordial saludo.

Nº 3 |  El Llanero Solitario (31/01/2014 20:01)
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La definición del interés público es cuando menos elástica, difusa. maleable, si lo prefiere. El problema de los desahucios no afecta a un individuo. Afecta a familias. Y no a una sino a muchas. En cuanto a lo de que la legislación de otros países no es aplicable al caso de España, evidentemente, pero, desde luego, pueden servirnos de modelo, como sirven para otras tantas cosas. En cuanto a lo de cambiar la ley. ¿Quién dice que no se puede cambiar? ¡Faltaría más! Las leyes no sólo se pueden cambiar, sino que, además, es aconsejable que se cambien cuando las circunstancias así lo aconsejen. Siempre y cuando se cumpla con los procedimientos. Que yo sepa la ley antidesahucios de la Junta de Andalucía no se le ha ocurrido a un tío que iba por la calle, la ha aprobado el Parlamento Andaluz (si no me equivoco). Lo que no es entendible es el recurso planteado por el Gobierno Central. O, mejor dicho, la motivación para plantearlo. En mi modesta opinión, por supuesto.

Nº 4 |  J. A. ORTEGA (07/02/2014 10:29)
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¿Discriminación positiva? Tal vez. Y bienvenida sea. He aquí, mal que les pese a algunos, otro de los logros del estado social, democrático y de derecho.

Nº 5 |  J. A. ORTEGA (07/02/2014 13:19)
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Aunque muchos de aquellos a los que les pesa, por cierto, cuando pueden también obtienen del sistema sus beneficios...

Nº 6 |  J. A. ORTEGA (07/02/2014 13:22)
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