Desde finales del pasado año se viene hablando, parece que con más convicción que nunca, sobre la necesidad de una reforma en la administración local. Y de todos es sabido que tanto PP como PSOE están actualmente manteniendo conversaciones respecto a este tema, ahora que ya nadie duda de su urgencia.
Cuando esta crisis aún no nos acuciaba como nos acucia ya hubo quien planteó que debía acometerse la que se dio en llamar segunda descentralización, la municipal, para distinguirla de la primera –la primera descentralización, quiero decir– que fue la autonómica. Entre ellos, quién lo diría, el propio Javier Arenas. Y todo ello, más que nada, como consecuencia de las dificultades para su financiación sufridas ya por entonces por las administraciones de los municipios. Lo que llevó al gobierno de la Junta de Andalucía, sin ir más lejos, a la aprobación de la Ley de Autonomía Local, que, por cierto, no parece que haya servido para mucho. Prueba de que la cuestión viene arrastrándose desde tiempo ha.
Aparte de la tan traída y llevada supresión de mancomunidades y la redefinición de competencias de las diputaciones provinciales, en la mesa de debate están propuestas como la limitación de sueldos o la reducción del número de concejales. Pues bienvenidas sean. Y que se cambie lo que haya que cambiar en la Ley de Bases y en la que haga falta. Eso sí, siempre y cuando, por favor, sea para mejor.
Treinta años son más que suficientes para evaluar lo que ha funcionado bien y lo que ha funcionado no tan bien, en lo que a este ámbito de la organización territorial y administrativa del estado se refiere, y retocar lo que sea menester. No hay que olvidar que España, después del cambio de régimen de 1976, se tuvo que reinventar a sí misma y, aunque haya quien no esté en absoluto de acuerdo, casi todo el mundo conviene en que no nos ha ido demasiado mal.
De todas maneras, hay que decir que, aun admitiendo la necesidad de corregir deficiencias, y no pocas, e inconvenientes que no se previeron cuando se legisló sobre la materia, el principal problema de los ayuntamientos no ha sido debido tanto a la mayor o menor calidad del marco jurídico regulador de su funcionamiento como a las malas prácticas de quienes los han dirigido y los dirigen, que han actuado y siguen actuando cómo les ha venido en gana, burlando la ley a la torera y, en algunos casos, incumpliéndola de manera absolutamente descarada.
Aunque haya a quien le pueda resultar increíble, leído lo leído, oído lo oído y visto lo visto hasta la fecha, las cuentas de las administraciones municipales –por poner el ejemplo quizá más ilustrativo de lo que aquí pretendo señalar– han estado sometidas, y lo están, a la fiscalización de los Interventores habilitados, que velan por que la legalidad se cumpla. Otra cosa es que quienes toman las decisiones hagan caso omiso. Y, aunque haya a quien le pueda resultar increíble, leído lo leído, oído lo oído y visto lo visto hasta la fecha, el asunto de los sueldos de los cargos políticos o el de las contrataciones de personal está, no sé si sobrada, pero sí debidamente regulado. Lo que pasa es como suele decirse quien hizo la ley hizo la trampa y así ocurre lo que hasta ahora ha venido ocurriendo.
Probablemente los hay peores, pero si yo tuviera que destacar un defecto de nuestra administración local, por encima de otros, ése sería el del presidencialismo imperante. O, dicho de otro modo, el exceso de protagonismo, y para colmo autoritario –yo afirmaría que a veces incluso grotesco–, otorgado a la figura de los alcaldes. Lo que explica que en alguna que otra ocasión hayamos tenido que asistir al deplorable espectáculo ofrecido por más de un personajillo infame que, una vez en el cargo, se porta en su pueblo poco menos que como lo haría un dictador en una república bananera.
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