El PSOE, definitivamente, ha sacado la artillería pesada contra el Gobierno central, que es lo mismo que decir contra el PP, a cuenta de las incertidumbres que los mismos socialistas se encargan de alimentar en torno al futuro de la autopista entre las provincias de Sevilla y Cádiz. En realidad, la incertidumbre se basa más bien en una certeza, negarle el valor a la palabra de un político -a los del PP, por supuesto-, lo cual no deja de ser un riesgo para quien, en este caso, apunta con el dedo.
Lo ha dicho esta semana Mario Jiménez: ni Antonio Sanz, ni Teófila Martínez, ni Juanma Moreno, son interlocutores válidos a la hora de garantizar que a partir del 1 de enero de 2020 no habrá que volver a pagar por circular por la AP4. Les da igual que juren, hasta en arameo si es necesario, que el peaje llegará entonces a su fin; quieren oirlo en boca del ministro y del presidente del Gobierno. Si me apuran, es razonable; entre otras cosas porque es la única manera de zanjar la cuestión y de que el PSOE devuelva al almacén el Gran Berta hasta mejor ocasión. No solo es razonable, sino sencillo, aunque no parezca coincidir con el tacticismo político con el que desde Madrid se vienen pronunciando sobre un asunto al que le deben ver mucho más recorrido, incluso negando la mayor, ya que daría pie a la reivindicación de la eliminación inmediata del peaje, tal y como ya sugieren algunos miembros del gobierno andaluz.
Mientras tanto, el arrojo con el que Teófila Martínez anunció este lunes en Ondaluz TV que dejaría el cargo si el PP no cumple con la que es una promesa electoral -poner fin al peaje-, habrá quien lo interprete como un gesto desesperado o definitivo, casi una cuestión de fe, desde la que afrontar la ofensiva socialista con la única verdad posible, aunque desde Madrid, al menos de momento, insistan en que no salgamos de dudas hasta dentro de 22 meses, como si no les importara el detalle o el matiz: saber diferenciar lo que es un gesto de lo que es un riesgo.
A expensas de lo que decida Rajoy -a nadie escapa que éste debe ser un asunto menor entre sus pensamientos-, el PSOE-A ya ha creado una plataforma de alcaldes socialistas de ambas provincias para elevar el tono, ajustar mirillas y localizar objetivos; e incluso, en el caso de Jerez, impulsar otro frente de idéntica naturaleza, a más pequeña escala, y en el que el partido ha implicado a sindicatos, a la CEC y a otros partidos políticos, menos el PP -a alguien (en qué estaría pensando) se le olvidó convocarlos-, con el objetivo de hacer más palpable una necesidad real y compartida por todos, la de que el peaje llegue a su fin, en vista de que ni valen las promesas -un térmimo devaluado con ahínco hasta por quien exige su cumplimiento al adversario- ni tampoco la paciencia de esperar a las campanadas de 2020.
Todo parece contar, y el hecho de que las autonómicas y las municipales se consumen antes que el propio fin del peaje son una evidente revelación; en especial entre los que pretenden agotar las fuerzas del adversario que todos ellos tienen en común: los de izquierdas porque son de izquierdas, los de Ciudadanos porque saben de dónde pueden nutrirse para mejorar sus expectativas electorales.
Hemos llegado a un punto en el que todo se vende o se cuestiona como consecuencia de los vínculos que puedan establecerse con el PP. Tomen el ejemplo de la nueva polémica que se cierne sobre Jerez como consecuencia del proceso de funcionarización de la plantilla municipal. Lo primero que ha hecho el ejecutivo local ha sido escudarse en que es una ley impulsada e impuesta por el Gobierno central, casi en connivencia con la UE, y casi diseñada para fastidiar al ayuntamiento jerezano, cuando el impacto sobre su personal laboral es consecuencia de la que ahora se manifiesta como fallida política de empleo municipal desde hace casi cuatro décadas. No existe el complejo de culpa, ni siquiera el peso de la culpa; basta con agachar la cabeza al silbido de las balas, aunque en este caso, precisamente, puede que los disparos terminen por sonar en las trincheras.
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