El AMPA del colegio de Montealto advirtió ayer de que en el supuesto de que el Ayuntamiento deniegue el oportuno permiso para la colocación de un monumento a Nuestra Señora del Sagrado Corazón en la rotonda que lleva su nombre iniciará las acciones legales oportunas con el objetivo de conseguir su propósito, ya que considera que el Gobierno local podría haber vulnerado el principio de buena fe, “que cuenta con amplia jurisprudencia”.
El colectivo sostiene que el caso que nos ocupa no puede someterse al dictamen de la mesa técnica anunciada por la alcaldesa, Mamen Sánchez, para el ordenamiento de los viales públicos, ya que se trata de “un expediente anterior, ya resuelto”, con el “único trámite pendiente de la firma del convenio” por parte de la regidora.
En este sentido, se recuerda que la comunidad educativa recaudó fondos para sufragar el coste de la escultura, que está realizada desde el verano de 2015. A partir de entonces se han seguido todos los trámites solicitados por el propio Ayuntamiento, iniciándose un expediente administrativo para la concesión de la licencia de obra. Durante la tramitación de dicho informe, los técnicos municipales solicitaron otro expediente administrativo en el Servicio de Patrimonio, a fin de aprobar el convenio definitivo. Ese expediente cuenta con informes favorables de los servicios municipales de Movilidad, Medio Ambiente e Infraestructuras.
Con posterioridad, el 16 de marzo de 2016, el teniente de alcaldesa Francisco Camas dice que “no tiene inconveniente” en la colocación de la imagen, pero pone unos “nuevos requisitos”, a saber, que la obra tenga “coste cero” para el Ayuntamiento y que se inicie un nuevo procedimiento administrativo en el Servicio de Patrimonio.
El AMPA dice haber atendido esos requerimientos, incorporando otros dos informes que así lo avalan, de Intervención Municipal y del citado Servicio de Patrimonio. Así, el 17 de mayo pasado, el propio Camas firma una propuesta “favorable” para que la Junta de Gobierno Local apruebe el convenio, quedando “sobre la mesa” en sesión de 24 de junio.
La comunidad entiende que “queda demostrado que, de forma intencionada”, ha sido “perjudicada” por el Consistorio, produciéndole “un menoscabo tanto económico como moral” al exigirle el cumplimiento de “multitud de requisitos administrativos que no servirían para nada” porque el Gobierno “ya tenía decidido no instalar la escultura”. De ahí que advierta de la posibilidad de llevar el caso ante los tribunales.
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