Ya es oficial. El Tribunal Supremo ha citado para el próximo 22 de febrero como investigada por prevaricación y falsedad en documento público a la diputada del PP y exalcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, en relación con las adjudicaciones de eventos durante Fitur 2004 a empresas de la trama Gürtel.
Como se recordará, el alto tribunal abrió causa contra García-Pelayo dada su condición de aforada. La Sala de lo Penal advirtió de “la trascendencia de los indicios” recogidos por el instructor del juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, en la exposición razonada remitida, y la Fiscalía también informó a favor de la apertura de las investigaciones.
El instructor de la causa es el magistrado Antonio del Moral, que ha citado a la exalcaldesa a las diez y media de la mañana del próximo día 22 para tomarle declaración voluntaria y poder decidir si procede tramitar el suplicatorio al Congreso contra ella.
La noticia, una vez confirmada, ha reabierto un nuevo frente entre populares y socialistas. Los primeros han cerrado filas en torno a García-Pelayo, mientras que los segundos han reclamado su dimisión de forma reiterada, tarea a la que se han sumado a su vez desde Podemos.
Con respecto al PP andaluz, la vicesecretaria de Acción Política y Política Municipal, Ana Mestre, insistía ayer en que María José García-Pelayo acudirá a declarar ante el juez “de forma voluntaria” y recordaba al PSOE, ante su insistencia en pedir la dimisión, que “aún no se ha abierto juicio oral”. Así, Mestre remarcaba que la actual diputada nacional del PP acudirá a declarar el día 22 “en base a su solicitud de declaración voluntaria, que ha reiterado por segunda vez al juez”. “Después -exponía Mestre- será la Justicia la que determine, pues no se ha cursado ningún suplicatorio y esta declaración se efectúa en base a sus solicitudes para declarar voluntariamente”. Según expuso, la clave de la citación es que “García-Pelayo va a defenderse y poder explicar de manera voluntaria lo que ha sucedido y que sus firmas rubrican documentos en tiempo y forma”, no el hecho de la citación en sí, que no tiene incidencia alguna en su continuidad como diputada y concejal ni en los cargos que ostenta en el partido, ya que los estatutos del partido contemplan la retirada de la credencial de cargo público “cuando se realice la apertura del juicio oral. Ésa es la línea roja, al igual que el PSOE, cuyo secretario general en Galicia, imputado, no ha dimitido”.
En este sentido, la primera persona en reclamar la dimisión de García-Pelayo fue Miriam Alconchel, actual diputada provincial del PSOE y secretaria general local del partido, quien argumentaba que la citación supone que “ha llegado el momento de dar las explicaciones que hasta la fecha ha negado a los jerezanos por activa y por pasiva, y por lo tanto Pelayo no tiene escapatoria a ojos de la Justicia, donde debe dar la cara a pesar de su cobardía política”. Para Alconchel, “se demuestra que Pelayo no es una excepción en la ola de corrupción del PP a nivel nacional, desde la calle Génova a Valencia”, por lo que ha instado a la dirección del PP a nivel nacional que se le aparte de sus actuales cargos públicos.
Pero no ha sido la única. El senador y portavoz adjunto del grupo socialista en la Cámara alta, Francisco Menacho, cree que la llamada del TS “desarma la conspiración del PP para presentar como una víctima” a García Pelayo, y ha exigido al líder del PP en Andalucía, Juanma Moreno, la dimisión de la diputada.
Menacho insiste en que hasta en Valencia “el propio PP está pidiendo el acta de Rita Barberá” y apunta que “aquí Moreno Bonilla tendría que dar ejemplo y hacer en su casa lo que siempre quiere que hagan otros”, por lo que he ha pedido que cumpla “el deseo expresado por el presidente en funciones, Mariano Rajoy, quien en una reunión con todos los cargos del PP, manifestó respecto a los casos de corrupción que ni uno más”.
También el diputado de Podemos por Cádiz, Juan Antonio Delgado, ha instado a Moreno a reclamar a García Pelayo su acta en el Congreso y ha opinado que “el líder del PP-A debe aplicar con la dirigente jerezana su recientemente presentado plan de regeneración democrática o, de lo contrario, este documento quedará en agua de borrajas”. Para Delgado, “ya fue un fraude democrático y una demostración de que el PP no se toma en serio la corrupción el hecho de que se incluyera a García Pelayo en la lista al Congreso, a pesar de que ya se sabía que estaba siendo investigada y podía ser imputada”.
Respaldo de Sanz
El presidente del Partido Popular en la provincia, Antonio Sanz, también sumó ayer su apoyo en favor de García-Pelayo, reiterando que su declaración en el Tribunal Supremo es “voluntaria”, al tiempo que lamentó que “el PSOE le haga un flaco favor a las garantías del Estado de Derecho”.
El dirigente popular aludió a la “campaña de acoso y derribo de los socialistas, faltando a la verdad y haciendo un uso partidista de una situación, que responde a una petición voluntaria que la propia interesada ha solicitado en varias ocasiones”.
Para Sanz, “son los socialistas los que ponen en cuestión nuestro Estado de Derecho al saltarse las garantías procesales”, recordándoles la situación de su compañero socialista, Antonio Gutiérrez Limones, alcalde de Alcalá de Guadaria y diputado nacional, que el juzgado implica en el caso ACM y para el que sí se ha pedido el suplicatorio al Congreso. “Nadie ha pedido su dimisión”, apostillaba ayer.
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