Hace un año, después de la celebración de las elecciones europeas, el PP comenzó a plantear la necesidad de reformar la Ley Electoral para que en las municipales de 2015, esencialmente, gobernara la lista más votada en aquellos casos en los que nadie alcanzara la mayoría absoluta. Aquella iniciativa se fue diluyendo a medida que pasaron los meses y los populares se encontraron sin respaldo del PSOE para someterla a debate, votación y llevarla a la práctica. Ahora, una vez superadas las elecciones municipales, ha vuelto a la carga con la misma propuesta, aunque incorporando detalles del argumentario socialista, caso de la celebración de una segunda vuelta, si bien, desde el PSOE han emplazado al PP a dejar el debate para la próxima legislatura.
Pero, ¿qué habría pasado en la provincia de Cádiz el pasado 24 de mayo si esta nueva propuesta de reforma de la Ley Electoral estuviese ya en vigor, teniendo en cuenta que en la mitad de municipios de la provincia, 22, nadie alcanzó la mayoría absoluta? ¿Habría modificado en exceso el escenario político que surgió de aquella jornada? ¿Habría logrado el PP más ayuntamientos, en detrimento del PSOE? ¿Habría que considerar estos resultados más justos que los obtenidos por medio de las coaliciones? Es cierto que se trata de hacer política ficción, pero tampoco lo es menos que estamos ante una cuestión largamente debatida y ante la que nadie ha encontrado el momento oportuno para plantearla, consensuarla y llevarla a efecto; tal vez porque quienes salen más beneficiados son siempre los mismos: PP o PSOE, y relegan a un papel secundario a los partidos con menos apoyos.
En este sentido, si tenemos en cuenta lo que dice la propuesta de reforma de la Ley Electoral del PP y los resultados que se dieron el pasado 24 de mayo, sólo habría un cambio directo de escenario: en El Puerto de Santa María, que pasaría a estar gobernado por el PP en detrimento del PSOE. En diez casos se mantendría en el poder el partido que ahora mismo sustenta las alcaldías y en el resto de los casos habría que ir a una segunda vuelta, circunstancia en la que se encuentran algunas ciudades clave para el PP, caso de Jerez, Cádiz o San Fernando.
De los 22 municipios en los que ningún partido obtuvo mayoría absoluta, el PSOE gobierna en trece de ellos, el PP lo hace en tres, el PA en dos, agrupaciones de electores vinculadas a Podemos (Cádiz y Puerto Real) en otros dos, Izquierda Unida en uno y otro partido independiente (100x100) en uno.
Reglas
La propuesta de reforma de la Ley Electoral contempla varias supuestos a la hora de determinar cuál es el partido que debe gobernar la ciudad.
El primero de ellos establece que el partido que haya obtenido más del 35% de los votos y supere al segundo por un 5% se lleva la mitad más uno de los concejales. El siguiente supuesto alude a que si el partido más votado ha superado el 30% de los votos y aventaja en un 10% al segundo más votado, también se llevaría la mitad más uno de los concejales. Mientras que el tercer supuesto es el que contempla la segunda vuelta: si ningún partido cumple los requisitos anteriores, se celebrará una segunda vuelta en la que participarán todos los partidos que hayan superado el 15% de los votos.
Siguiendo las reglas planteadas en la propuesta presentada por el PP nacional hay una serie de municipios en los que no se producirían cambios con respecto a la situación actual, salvo por el hecho de que no necesitarían de apoyos externos para asumir la alcaldía. Son los casos de Arcos (PSOE), Barbate (PA), Benalup (PSOE), Chiclana (PSOE), Chipiona (PP), Jimena (PSOE), Los Barrios (PA), Rota (PSOE), Sanlúcar (PSOE) y Tarifa (PP). En todos ellos se da uno de los dos primeros supuestos contemplados en la propuesta de reforma de la Ley.
El único municipio en el que se produciría un cambio directo de gobierno sería en El Puerto de Santa María, que pasaría de manos del PSOE y su coalición del gobierno al PP.
Con respecto a los demás, todos deberían ir a una segunda vuelta, en función de los resultados obtenidos, en la que participarían todos los partidos que hubiesen sobrepasado el 15% de los sufragios el 24 de mayo. En este caso nos encontramos con las ciudades de Algar, Cádiz, Castellar, Jerez, La Línea, Olvera, Prado del Rey, Puerto Real, Puerto Serrano, San Fernando y San José del Valle.
Segunda vuelta
El hecho de ir a una segunda vuelta iría en beneficio de aquellos partidos que fueron los más votados el pasado 24 de mayo, pero que no han logrado ponerse al frente de sus respectivos gobiernos. En este sentido, los casos más sonados serían los de Jerez y Cádiz, donde el PP fue la fuerza más votada, pero se ha quedado fuera del Gobierno a causa de las coaliciones o apoyos de investidura entre los demás partidos.
No es el único caso. Al PSOE, por ejemplo, le ha ocurrido lo contrario en Castellar o La Línea, donde fue el partido más votado y se ha quedado fuera del gobierno con pactos como el de Castellar, en el que el PP ha respaldado al candidato de IU. También el PA se ha visto afectado en el caso de Puerto Real, donde fue el partido más votado.
Jerez
En el caso de Jerez, el PP fue el partido más votado. Se quedó muy cerca del 35% (34,12%), pero insuficiente para cumplir con el primer supuesto; y muy cerca también de cumplir el segundo -a un 0,08% de superar al PSOE en diez puntos, por lo que con la propuesta planteada, la ciudad tendría que haber ido a una segunda vuelta en la que habrían comparecido PP, PSOE y Ganemos Jerez, los tres partidos que superaron el 15% de los sufragios. Los ciudadanos tendrían que haber elegido entre uno de ellos para gobernar la ciudad.
Cádiz
La situación es muy similar a la de Jerez, en el sentido de que el PP fue el partido más votado, aunque porcentualmente su posición es menos holgada que la conseguida por los populares jerezanos. Así, el PP logró el 33,68% de los votos, lejos del 35% del primer supuesto, y lejos también de los diez puntos de diferencia con respecto al segundo, ya que Por Cádiz sí se puede logró el 27,98% de los votos.
En este caso también serían tres los partidos que habrían comparecido en segunda vuelta: PP, Por Cádiz y PSOE.
San Fernando
En San Fernando, ninguno de los partidos logró llegar al 30% de los sufragios, por lo que estarían condenados a realizar la segunda vuelta, aunque en este caso los votantes sólo tendrían que haber elegido entre dos partidos: PSOE y PP, que fueron los únicos que pasaron del 15%. Partiría con ventaja el PSOE, que logró un 29,74% de los votos, frente al PP que sólo obtuvo el 23,16%, aunque habría sido, sin duda, uno de los duelos provinciales más reñidos a una segunda vuelta.
La Línea
El caso de La Línea es el que más se asemeja a los de Cádiz y Jerez, aunque en este caso el perjudicado es el PSOE y no los populares.
Allí también se habría ido a una segunda vuelta. El PSOE superó el 30% de los votos, pero no llegó al 35% (34,13%), si bien se quedó muy lejos de aventajar en diez puntos al segundo partido más votado, 100x100, que logró el 30,95%. En esa segunda vuelta los ciudadanos habrían tenido que elegir entre PSOE, 100x100 y PP.
PP y PSOE, enfrentados de nuevo por la reforma
La propuesta de una reforma de la Ley Electoral siempre ha estado en la agenda de populares y socialistas, pero nunca han encontrado el momento ni el consenso oportuno para llevarla a la práctica, porque en uno u otro momento no le interesaba a uno de los dos, pese a que, en el fondo, es a ambos partidos a quien, a la postre, beneficiarían los cambios que se han ido poniendo encima de la mesa, puesto que lo que se persigue es que gobierne la lista más votada y, en ese caso, tanto uno como otro suelen llevar ventaja sobre los demás; al menos hasta ahora.
El PP ya hizo un amago hace un año pensando en las municipales del pasado mayo, y muchos de sus candidatos lamentan ahora que no siguiera adelante con sus planes. Lo ha vuelto a hacer ahora y desde el PSOE le recriminan la urgencia, a punto de finalizar la legislatura.
En este sentido, el secretario de Acción Política, Ciudadanía y Libertades del PSOE, Patxi López, ha acusado al Gobierno del PP de estar tomando medidas de forma apresurada en la recta final de la legislatura con el único fin de “aferrarse al poder”, aunque sea a costa de “deslegitimar las instituciones”.
Aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) o impulsar la reforma de la ley electoral son medidas que, para el dirigente del PSOE, el PP toma “a la desesperada con el único objetivo de mantenerse en le poder”.
“Con estas actuaciones, está deslegitimando las instituciones, cargarse las bases mismas del sistema democrático, porque si son bases, son consensuadas o no lo son, y quieren utilizar la mayoría absoluta para cambiarlo todo”, ha denunciado.
López ha justificado esta “gran ofensiva” del PP por hacer en la recta final del mandato “todo lo que no han hecho en el resto” en su nerviosismo ante la posibilidad de verse desbancado por el PSOE en las próximas elecciones generales.
En su opinión reformar la ley electoral “en el último minuto” sólo persigue “negar la pluralidad que existe en la sociedad española e impedir y anular la capacidad de diálogo” que tiene que haber en España. El propio secretario general socialista, Pedro Sánchez, apuntaba hace unos días que se trata “de una ley electoral a la medida de sus miedos y de su incapacidad para llegar a acuerdos”.
El PP, por su parte, quiere forzar el debate con las demás fuerzas políticas, especialmente con el PSOE, que según Rafael Hernando no va a poder negarse a esta reforma cuando defendió en su momento la segunda vuelta, y si lo hace deberá explicar su “engaño” a los ciudadanos.
Aunque desde el PP admiten que no dará tiempo a aprobar esta reforma antes de que disuelvan las Cortes, fuentes populares insisten en que lo importante es abrir el debate ya y que los ciudadanos conozcan las posiciones de los demás partidos, y recuerdan que los trabajos pueden continuar en la próxima legislatura.
Según Hernando, la reforma trata de evitar “situaciones chocantes” como las sucedidas desde las pasadas elecciones locales, cuando mediante “pactos de despacho” se han alzado como alcaldes candidatos que habían obtenido porcentajes de votos muy pequeños como el 16 % en el caso de Pamplona o el 19 % en el de Las Palmas.
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