El PSOE ha registrado en el Congreso una proposición no de ley en la que recoge algunos cambios en los requisitos de acceso a la prestación de 426 euros para parados de larga duración con cargas familiares con vistas a que pueda llegar a más desempleados, alegando que al ritmo que va sólo está beneficiando a un 20% de los potenciales solicitantes.
En la iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, los socialistas critican que mientras aumenta el número de parados sin protección por desempleo el gasto que hace el Estado y el grado de cobertura no para de caer. "Obviamente, la protección del colectivo de parados no es una prioridad política para el PP", reprochan.
A renglón seguido, hacen cuentas de la implantación de la medida, acordada por el Gobierno con los sindicatos a finales de 2014 y que entró en vigor el 15 de enero con la pretensión de llegar a entre 400.000 y 450.000 personas, "la mitad" de los parados de larga duración sin ingresos, recuerda el PSOE.
Sin embargo, a finales de abril sólo se habían incorporado al programa 47.512 beneficiarios, un 16% de los previstos, y el pasado 10 de junio la ministra de Empleo, Fátima Báñez, cifró en 94.000 las solicitudes ya presentadas, que una vez tramitadas se traducirán aproximadamente en unas 70.000 personas en total, un 20% según los cálculos socialistas.
CRITERIOS DE INCLUSIÓN "INJUSTOS"
Esta evolución se debe fundamentalmente a la exigencia de haber estado inscrito en otro programa antes de solicitar esta ayuda, un requisito "radicalmente injusto" y que "reduce drásticamente el número de beneficiarios" pese a no guardar ninguna relación con la situación económica o familiar actual.
"Lo que se valora es no es tanto la situación vigente de ingresos de una unidad familiar como la que había en los dos meses posteriores a agotar una prestación contributiva o asistencial", señala el principal partido de la oposición, aclarando que esto supone tener en consideración la coyuntura de una familia a partir de agosto de 2009.
El PSOE considera que "no tiene sentido excluir a una persona que lleva más de doce meses en paro y de seis meses sin prestación alguna porque en 2009, hace seis años, durante los dos meses de incorporación al PRODI tenía ciertos ingresos en su hogar, porque desde entonces han podido producirse muchas circunstancias nuevas".
Por eso, exige que se elimine ese requisitos de haber sido perceptor de programas como el PRODI, el Prepara o la tercera Renta Activa de Inserción (RAI).
Además, señala que al tomar como referencia el acceso a dichos programas se están imponiendo dobles requisitos a los demandantes de la ayuda de 426 euros, que tiene exigencias "menos exigentes en lo relativo a ingresos y consideración de unidad familiar" que, por ejemplo, el Prepara, lo que puede llevar a que parados que cumplen los requisitos actuales "queden igualmente fuera" por no haber podido solicitar en su momento esas otras prestaciones.
EL SERVICIO DE EMPLEO ES EL RESPONSABLE
En la proposición no de ley, que será debatida en el Pleno de la Cámara Baja, los socialistas exigen también modificar el artículo que hace responsable al demandante de no tener un tutor o un itinerario profesional individual en el plazo previsto, al considerar que esa responsabilidad debe recaer en el Servicio Público de Empleo de la comunidad autónoma en cuestión.
De hecho, el PSOE propone incluso que el Servicio Estatal descuente de las transferencias a la comunidad autónoma la ayuda del demandante que no tenga tutor e itinerario durante todo el tiempo que se mantenga esa situación.
Con respecto a las solicitudes que no cuentan con toda la documentación, se advierte de que no es "muy ajustado a derecho" rechazarlas por eso, ya que el procedimiento administrativo común "establece para estos casos la reclamación de documentación" que, además, obra en poder del Servicio Público de Empleo Estatal en la mayor parte de los casos. Por eso, exige que se aplique este procedimiento y no se denieguen o rechacen las solicitudes en esta circunstancia.
Asimismo, el PSOE considera que debe eliminarse el requisito de haber cesado involuntariamente en un trabajo por cuenta ajena previamente al agotamiento de ciertos derechos porque "exclusivamente restringe la participación en el programa a los beneficiarios de la RAI anterior a su modificación", que son sobre todo víctimas de violencia, discapacitados o mayores de 45 años.
EXIGENCIAS PARA LOS EMPLEADORES
En el decreto por el que se pone en marcha este programa de activación para el empleo, también se prevé el abono indirecto de las ayudas a las empresas que contraten a estos parados, pero sin exigirlos un periodo mínimo de contratación que dé derecho a otra prestación de cuantía, por lo menos similar, y sin posibilitar una paralización en los meses que se pueden cobrar como máximo los 426 euros.
"Esta usurpación de una ayuda de seis meses debe ser corregida imponiendo condiciones contractuales para su bonificación salarial", reclaman los socialistas, que plantea la posibilidad de obligar al empresario a contratar a tiempo completo y al menos durante 180 días para poder acceder a la subvención, y a modificar las causas de baja en el programa para que sean las mismas que en la RAI.
Esto debe ser así porque hay que trabajar al menos 180 días para tener al mismo tiempo derecho a una prestación de 21 meses y sólo se puede subsistir con una pensión completa, y no parcial. "En caso de finalización del contrato con anterioridad al tiempo convenido, la empresa devolverá al trabajador la subvención recibida", concluye la propuesta.
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