Un juez ha decidido esta semana archivar la querella presentada por Urbanos Amarillos contra miembros del Gobierno local, funcionarios y representantes del comité de empresa del transporte urbano público. Era lo esperado; de hecho, al magistrado le ha faltado tiempo para dictar el auto -menos de una semana- después de conocer la exposición de cada uno de los imputados.
Hasta aquí la noticia, porque lo importante no es el hecho en sí, sino la trascendencia pública de una decisión judicial que pone en cuarentena los golpes de pecho de quienes proponen extirpar de la política cualquier sombra de duda, y hasta la presunción de inocencia, en respuesta al contagioso virus de la corrupción, pero por medio de un discurso plagado de trampas, hilos sueltos y hasta contradicciones: al parecer es preferible un incompetente a un imputado -que es por lo que han preferido pasar Chaves y Griñán tras su visita al Supremo-, sin contemplar que ese imputado lo sea por cuestiones impostadas a la vez que competente, y, visto lo visto, tampoco parece muy complicado lograr la imputación de cualquier cargo público en estos momentos -sirva el propio caso de Urbanos Amarillos como ejemplo-.
Hace unas semanas, los catedráticos en Derecho Administrativo, Francisco Sosa Wagner y Mercedes Fuentes, publicaban un artículo en El Mundo, en el que abordaban esta cuestión en relación con las imputaciones por prevaricación que se airean a diario por toda España de manera recurrente.
Según exponían, hoy en día “debería ser muy difícil que prosperara una acción penal por prevaricación. Sin embargo, estamos viendo constantemente el uso de tal temible arma para combatir no ya actuaciones sino incluso omisiones y hasta simples informes que llevan la firma del arquitecto municipal, de un ingeniero o de un letrado, pues también se incluyen a veces estos actos de trámite en la expresión resolución del artículo 404. El problema es que, en estos momentos, se extiende entre los funcionarios cualificados y las autoridades -especialmente entre las locales- el miedo. Miedo a firmar un papel. Porque saben que si se activa una querella por prevaricación, aparecerá, con toda su carga de estigma, el titular alarmista. Dicho de otra forma: una acción penal convenientemente ventilada en un medio tiene morbo, mientras que la acción administrativa de anulabilidad es una sosería (...), y es un huracán que compromete, a menudo de forma irreversible, la honorabilidad de las personas”.
Los dos catedráticos proponen “contribuir a contener la catarata de querellas que inundan de sospechas las actuaciones públicas y que están dificultando el trabajo riguroso y honrado de funcionarios y autoridades. Preciso es luchar contra los abusos de poder, contra la injusticia y contra la corrupción, pero sin extender una especie de juicio universal hacia toda la función pública y la representación política”.
E insisto, tenemos ahí el ejemplo de la querella de Urbanos Amarillos, ante la que han tenido que responder en calidad de imputados, no sólo representantes políticos, sino técnicos de alto nivel y reconocida trayectoria, y hasta los propios conductores de autobuses. Es más, entre los imputados se encontraba Antonio Saldaña, primer teniente de Alcalde y secretario general provincial del PP.
Cuando se supo que era uno de los querellados ya se había anunciado que iba como número dos en las listas de su partido para el Parlamento Andaluz por Cádiz y la imputación, sin esperar siquiera a una posible apertura de juicio oral -que es el límite que establece el PSOE para sus propios militantes-, se convirtió en argumento electoral en su contra y en acusación constante para provocar su renuncia.
No se apuren, también hay casos en sentido inverso, y casos en un único sentido, con líneas más o menos estrechas, con más o menos complejos, todos de forma interesada. De fondo ¿la justicia? Sólo en los casos más flagrantes. Para todos lo demás, el poder, que emana del pueblo, aunque no lo palpe, y que ahora mismo es el poder de una duda, la incógnita de quien sí quiere y aspira a palparlo.
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