En el seno del comité de empresa de los trabajadores de los autobuses urbanos siguen sorprendidos por su imputación a raíz de la ampliación de la querella de Urbanos Amarillos, la que fuera concesionaria del servicio que ahora gestiona el Ayuntamiento. Dentro de la lógica preocupación que supone haberse visto envuelto en un conflicto judicial junto con políticos y técnicos municipales, se muestran optimistas, pero cautos ante este mal trago. El presidente del comité de empresa y el secretario de este órgano de representación de los trabajadores, José Luis Romero y Juan González, respectivamente, tuvieron que responder ayer ante el juez del Juzgado de Instrucción número 4 por su imputación por un presunto delito de prevaricación y administración desleal.
Tanto en un caso como en otro, González cree que tanto sus testimonios como los documentos presentados con las actas de las huelgas convocadas y de otro tipo pudieron demostrar que tales acusaciones “no son ciertas”. “No somos funcionarios, somos personal fijo, ¿prevaricación de qué?Y respecto a administración desleal por todos es sabido que nosotros como representantes de los trabajadores nos hemos reunido con todos los partidos y con quien nos lo ha pedido. No tenemos nada que ocultar”, resalta el secretario del comité, que coincide con la tesis de los ediles municipales en cuanto a que la demanda “es una medida de presión al Ayuntamiento para aligerar la negociación de la liquidación”.
Aun siendo así, no entienden “qué tienen que ver los trabajadores con el sistema de dirección de la empresa”. Ayer contestaron a todas las preguntas de las partes, tanto del juez y el fiscal, como de los abogados de Urbanos Amarillos, respaldados por sus compañeros de trabajo, que acudieron a los juzgados para mostrarle su apoyo. Ellos tienen claro que si alguien no ha cumplido aquí es la empresa y que ellos han hecho siempre su trabajo aún acumulando nóminas sin cobrar. “Se ha demostrado que han fallado en casi en todo, en el convenio, el servicio prestado, los coches...”.
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