“Un hombre no puede ser llamado culpable antes de la sentencia del juez, ni la sociedad puede quitarle la protección pública sino cuando se haya decidido que violó los pactos con los que aquella protección le fue acordada”. Cesare Beccaria.
El instante que cada mañana separa el sueño del despertar, ese minuto diario que mezcla niebla y claridad, donde las ideas se organizan, toman forma, confundidas aún porque te interrogas si es lunes, jueves o domingo, ojalá sábado, y si hoy te espera, tal vez, un buen día, se ha convertido en la antesala, al menos para quien teclea, de una hemorragia informativa por las ondas de la radio: un tal Faciani ha elaborado una lista negra sobre 2.694 contribuyentes españoles con cuentas opacas en Suiza por valor de 1.800 millones, nada menos, Monedero muestra, entre otras cosas, cómo hacer arquitectura fiscal para pagar menos impuestos y, al tiempo, da lecciones públicas de moralina, la operación Edu destapa las vergüenzas de la formación para el empleo en Andalucía, la Guardia Civil cerca a Mar Moreno y Zarrías por los Eres, Pedro Sanchez se introduce en la campaña andaluza cargándose a Tomás Gómez, órdago a una Susana Díaz que, incrédula, no esperaba tales atributos en él y anota enemigo público nuevo –crujida y perpleja-. Aún soñoliento, te imaginas dentro de un capítulo de Juego de Tronos, pones rostro a algún bueno, a varios malos, a alguna malísima, hechiceros y brujas también hay, todos en torno a luchas de poder asediando el trono mayor y reclamas, entonces y aún medio dormido, el papel del enano; visto que el tamaño no importa, que estaría por ver, al menos él disfruta como lo que es, siempre tiene una copa de vino a mano y no le falta doncella ni lecho para retozar travieso. Feliz con la idea, despiertas.
La presunción. No vendría mal que a menudo repasáramos la historia universal y, en especial, la nuestra; todo se repite, evolucionan sólo los aditamentos, pero parece que la humanidad ni cambia ni aprende. El linchamiento popular al que ya está muerto en vida no es nuevo. Antaño se hacían en la plaza del pueblo, ahora a través de redes sociales o medios de comunicación, que olvidan con facilidad esa presunción de inocencia que en 1764 Cesare Beccaria introdujo en su libro “De los delitos y las penas”. No defiendo la gestión de Pilar Sánchez, pero desde luego no me gusta este circo colectivo de atacarla sin más. Que de todos los imputados o llamados a declarar por la investigación judicial del presunto fraude masivo de cursos de formación subvencionados por la Junta la cara de la noticia haya sido la de la ex alcaldesa de Jerez, incluso dándola por detenida y esposada, resulta irresponsable, injusto y cruel. Los cadáveres políticos vienen muy bien a quien guste usarlos como saco de boxeo, mientras otros se libran de recibir. Miedo da una sociedad que se ceba así, sin dar la opción de previa defensa y sin medir el daño irreparable que supone a la persona y a su familia cuando, pasado el tiempo, se demuestra la inocencia. Y, no nos engañemos, en la conciencia colectiva siempre quedará la idea de culpabilidad. Sánchez mantiene que en Mercajerez SA, empresa mixta participada por el ayuntamiento y Mercasa, sus facultades de presidenta estaban delegadas en otros cargos de la sociedad y que, por tanto, ni participó, ni tuvo conocimiento de la realización de cursos de formación. Serán los jueces quienes dictaminen, pero mientras tanto no merece la lapidación pública a la que ha sido objeto esta semana. Ni ella ni nadie.
Operación Edu. Ha salido a la luz pública la auditoría efectuada por la Intervención General de la Junta de la provincia de Cádiz sobre las subvenciones dadas por el SAE en los planes de formación para el empleo, años 2008 y 2009. Un total de 321 subvenciones por importe de 26.252.053 euros, siendo auditados una muestra de 55 expedientes y que, entre todos, ascienden a 8.481.325 euros. La lectura del informe te lleva en cada folio a la alarmante conclusión de la falta de rigor con la que se ha repartido el dinero público para estos cursos, que tenían como finalidad la ayuda a desempleados, formándoles para facilitarles el acceso a un empleo. Falta de rigor que adquiere la naturaleza de incumplimientos de la legalidad, según detalla la auditora. Los beneficiarios no estaban inscritos en el registro de centros de formación profesional, de forma general se evidencia que los gastos justificados y admitidos por el SAE no obedecen de forma indubitada a la actividad subvencionada, en ningún expediente se justifica el criterio de selección del alumnado, no hay constancia de que los alumnos cumpliesen los requisitos -desempleados inscritos a partir del 1 de enero de 2008 y compromiso de empleabilidad-, no se acredita la publicación en BOJA, gran retraso en las justificaciones, pagos y liquidación de la subvención, se alteran los plazos de ejecución de la subvención, los documentos que justifican los gastos ejecutados no son originales y, por ello, no se puede acreditar su veracidad, en algunos expedientes figuran nóminas de profesores con importes superiores a los subvencionados. Otras nóminas son de personas que no han intervenido como profesores, se admiten gastos de tutoría sin justificar que hayan existido, se imputa la totalidad de la paga extra cuando no corresponde, existen grandes diferencias retributivas entre los profesores contratados y los de la plantilla del beneficiario, se incluyen gastos de material didáctico y de uniformes de alumnos sin que se acredite su entrega a los mismos, se incluyen gastos de diversos suministros sin que se acredite que correspondan a gastos del curso, se incluyen pagos a la seguridad social superiores a las cuotas correctas y sin acreditar los documentos de pago; otras compras son de materiales difícilmente encuadrables en los cursos, se incluyen gastos de dirección, coordinación de asesoría fiscal y contable que superan el tope permitido, los expedientes financiados con Fondos Europeos incumplen su regulación en cuanto a la tramitación y justificación, lo que puede dar lugar a la obligación de reintegro a la UE... Hay más, pero la conclusión que expone el informe, clara y contundente, es que el SAE no ha cumplido con la legislación que le es aplicable. Resulta inquietante que todos los expedientes fueron fiscalizados por un auditor de cuentas sin detectar ninguna irregularidad -¿?-. Siendo gravísimos los hechos, es incalificable que el informe de auditoría tiene fecha 16 de junio de 2014 sin que se conozca qué depuración de responsabilidades se ha llevado a cabo en el SAE gaditano. Con 200.000 parados en la provincia de Cádiz en 2008, es inexplicable e inadmisible que bajo la excusa de ayudas al fomento de empleo, según las irregularidades detectadas, el dinero haya servido para otras cosas -¿?-. Esto es lo grave y, de ello, ¿quién es responsable? Seguramente, Pilar Sánchez urdió toda la idea un rato después de matar a Manolete.
La lista. El PSOE de Cádiz, remato, trina, pero bajito no sea que trascienda y se rompa la unidad. Una vez más se ha demostrado que votar la lista en asambleas locales es una absoluta estupidez porque, sencillamente, no sirve más que para dar envoltura democrática a un proceso que de eso nada tiene; si actualizarse pasa por incluir con calzador a Luis Pizarro a sus 68 años y que, cuando acabe esta legislatura, tendrá 72 tras casi 40 años en esto, mejor darse por vencidos. A no ser, claro está y apuntan estudiosos de la estrategia, que alguien valorara tenerle a mano como candidato a, de darse la situación, hacerle partícipe de una gestora tras una posible debacle electoral de Sánchez en las generales de finales de año y aprovechar así la experiencia que acumuló el alcalaíno en lo mismo cuando lo de Almunia. Será esto o que el bueno de Luis halló en la vegetación de Patriste la fórmula para la pócima mágica y eterna de Panoramix. Igual la comparte con Chaves y Cabaña para que acompañen a Menacho en las democráticas y asamblearias próximas listas al Congreso.
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