El PSOE-A de Jerez a través de su Secretaria de Organización, Ainhoa Gil, ha mostrado su asombro por los “nuevos métodos esperpénticos de cubrir los servicios públicos municipales por parte de la alcaldesa García-Pelayo”.
Desde el Partido Socialista consideran que este procedimiento “es de juzgado de Guardia, rompe el modelo de contratación administrativa municipal y convierte a las pedanías en un gran plató de TV donde los protagonistas son los propios vecinos”. En este sentido Gil recuerda que la derecha ha privado a las propias barriadas rurales del servicio de una empresa concesionaria de limpieza durante quince meses, al haber expirado el contrato con la empresa Elsan en agosto del año 2013.
Gil ha abundado que “no es serio ni de recibo este trato al mundo rural, con un casting al modo `Aguirre´ cinco meses antes de las elecciones” y “vendiendo la idea como la panacea para el vecino elegido en cada barriada rural que encontrará así un puesto de trabajo en tiempo de crisis”.
A juicio de los socialistas dicha propuesta es asimismo “una burla al mercado laboral, con un contrato de mínimos precario e intolerable donde el vecino no sólo tiene que hacerse autónomo, aportar todo el material, ser multi-empleado y estar disponible no sólo las 5 horas ofertadas sino para todas las incidencias sin horarios que se le exijan, al tiempo que puede ser requerido para prestar un servicio puntual en otra barriada”.
De este modo la Secretaria de Organización de los socialistas jerezanos ha asegurado que “los vecinos y vecinas de estos núcleos rurales no quieren migajas por parte de su Ayuntamiento, sino una respuesta seria a las carencias en materia de limpieza y respuestas en forma de empleo digno”.
Por último Gil se pregunta por “la falta de transparencia y publicidad a través de los medios de comunicación municipales de este lastimoso e indigno método de selección de trabajadores por parte de nuestro Consistorio, que sólo se ha anunciado a través de panfletos en papel en el Jerez rural, y que representa una burla sin precedentes a los derechos laborales por parte de una administración pública”.
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