Primero ocurrió con el decreto que la Junta aprobó en 2012 para normalizar la situación de decenas de miles de viviendas levantadas en suelos no urbanizables en Andalucía. No hubo suerte entonces. Las 1.300 casas situadas en la zona rural en Jerez en situación irregular, según las estimaciones del PP, se quedaron sin legalizar. Parecía que la solución llegaría con la reciente modificación de la LOUA (Ley de Ordenación Urbanística de Suelo en Andalucía) aprobada por el Gobierno andaluz, pero finalmente parece que ese acuerdo no tendrá ningún efecto en la situación de inseguridad jurídica en la que viven más de un millar de familias en este enclave.
Así al menos lo denuncia el secretario general del PP provincial, Antonio Saldaña, que ayer lamentó que los cambios introducidos en la ley urbanística de Andalucía no vayan a tener ningún impacto en el eterno problema de la regularización de viviendas en Jerez, puesto que no resuelve esta problemática en el dominio público, que es más afectado debido a los asentamientos en las vías pecuarias. En consecuencia, como critica, se acaba “trasladando” la presión a los ayuntamientos, mientras la Junta, a su juicio, “mira hacia otro lado, y se limita a poner “paños calientes” cada vez que se acerca el periodo de elecciones con este tipo de anuncios. El problema, como dijo, es que sigue sin existir un marco legal para solucionar definitivamente la situación de las 1.300 viviendas.
En lo que respecta a las levantadas en zona inundable, Saldaña cree que es posible hacer estudios para acometer obras concretas sin modificar el cauce del río. No obstante, para el PP la principal cuestión sigue siendo la no desafectación de las vías pecuarias, competencia de la Junta, lo que no permite a las familias de estos hábitats diseminados tener licencia de primera ocupación para acceder a los servicios básicos de luz y de agua.
Más de 100 licencias de legalización en tres años de gobierno
Saldaña presumió ayer de la gestión del PP en estos años en la zona rural. En total, como dijo, se han aprobado un total de 102 licencias de legalización de viviendas en suelos consolidados:16 en Torremelgarejo, 22 en La Ina, 26 en Los Albarizones, 23 en La Corta, ocho en Geraldino y siete en Nueva Jarilla. A ello hay que sumar la aprobación de los Planes Especiales de Hábitat Rural Diseminado de Añina, El Polila e Inmaculada, entre otros.
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