La conflictividad social no exime a una constructora a la que se le adjudique la rehabilitación de una barriada, en concreto, la de La Constitución, en la zona sur, a abandonar los trabajos de forma “unilateral” por mucho que los operarios hablen de robos, amenazas o incendios que les impidieran hacer su trabajo. Así lo ha dictaminado esta semana el Consejo Consultivo de Andalucía, resolviendo así a favor de la propuesta de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía para resolver el contrato con Ingeconser, la empresa en cuestión.
El tema viene de lejos, en concreto de 2010, y afecta a unas 500 familias que vieron como la citada entidad dejó en suspenso los trabajos un año después de ser adjudicados y que las actuaciones de emergencia que se han ejecutado en enero tampoco han llegado a sus casas. De hecho, los inquilinos llevan desde entonces con redes instaladas por bomberos en la parte superior de los bloques para prevenir desprendimientos de cornisas. Carmen lleva más de 20 años viviendo en el bloque 5 de la calle Teresa de Jesús, y “no le extraña” que los obreros llegaran al extremo de suspender los trabajos porque ella misma y su marido fueron objeto de una agresión en las puertas de su bloque. “Eso es un caos”, asegura para referirse al día a día en este barrio, el mismo que no puede abandonar por su situación económica.
Sin embargo, lo que no está dispuesta a consentir es que su casa se quede sin arreglar ya sea por temas de conflictividad o porque la empresa en un momento dado agotara el presupuesto y se quedara sin más dinero para continuar con los trabajos, que es la versión general que mantienen los vecinos afectados.
“Allí metieron a gente que no sabía hacer las cosas, porque mi casa estaba bien hasta que comenzaron las obras. Llevo 24 años allí y jamás en la vida me ha caído agua en mi casa. En vez de arreglar, han destrozado”, asegura. Desde entonces, en su piso tiene dos caladeros, uno en el cuarto de su hijo y otro en la cocina y los goteos constantes por la humedad debido a los problemas de las juntas de dilatación les tienen sin dormir. “Esto es una condena”, denuncia indignada, después de haber remitido ya hasta cuatro escrito a la Empresa Pública de Suelos de Andalucía (EPSA).
A Carmen le consta que a principios de año se reanudaron las obras en la barriada, aunque sólo para prevenir el riesgo de desprendimiento de las cornisas de los bloques y acometer actuaciones de emergencia. Para ello la EPSA contrató a otra empresa, y a esta vecina llegó a visitarle personal de esta empresa para ver sus desperfectos. comprometiéndose a realizar los arreglos, pero hasta hoy no ha vuelto a ver ni actividad ni a tener noticias, y asegura que como ella hay muchos vecinos. “A mi techo nadie le ha tocado; yo sólo pido que me arreglen mi casa nada más; ya no sé adónde acudir”, lamenta.
Hay que tener en cuenta que la resolución del consejo consultivo no es vinculante, es decir, carece de consecuencias para ambas partes y responde más bien a la propuesta de la Consejería de Fomento y Vivienda para resolver el contrato con Ingeconser, la empresa contratada en 2009. El Consejo Consultivo recuerda además que la constructora implantó medidas de seguridad que permitieron el desarrollo normal de los trabajos durante las fases iniciales de la obra, pero luego la conflictividad social le imposibilitó seguir el trabajo “por causas no imputables a la misma, debidos a robos, amenazas, vandalismo, etc. Recoge en su dictamen que la constructora “se encontró huérfana de la más mínima ayuda por parte de la Administración para poder realizar su trabajo”, lo cual no le eximía de suspender la obra.
Un doble calvario para los obreros y los vecinos
La Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA) adjudicó en el 2009 a esta empresa un contrato de 1.122.212 euros para la reparación de 500 viviendas sociales.Las obras tenían un plazo de ejecución de diez meses, pero quedaron paralizadas varios meses después, cuando estaban ejecutadas al 31,22 por ciento. La constructora decidió unilateralmente abandonarlas ante las pérdidas que le estaba ocasionando la “gran cantidad de incidencias ajenas a la empresa contratista, que dificultan, entorpecen, ralentizan, e incluso impiden la normal ejecución y desarrollo de los trabajos contratados”. Así en los partes y denuncias presentadas consta que desde febrero de 2010 hubo “huelgas de trabajadores de las subcontratas con amenazas físicas para su recolocación en la empresa principal, robos de material y equipos, amenazas de buscadores de chatarras, amenazas de vecinos por no poder ver la televisión, por no ejecutar las obras en la forma deseada por ellos, incendios provocados, animales domésticos en cubiertas, etc.”.
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