El Ayuntamiento está dispuesto a cerrar acuerdos con entidades bancarias de Jerez para crear una bolsa de viviendas de alquiler social a partir de los inmuebles que tienen en propiedad estas últimas y que se encuentran vacíos y con dificultades para su venta ante la crisis, mientras decenas de familias jerezanas están a punto de perder o han perdido la suya por no poder hacer frente a las letras de la hipoteca.
La propia alcaldesa, María José García-Pelayo, en su balance del primer año de Gobierno municipal del PP, situó este asunto entre los objetivos 2012-2013 y de hecho, como ha confirmado el portavoz del Gobierno local, Antonio Saldaña, ya se han producido los primeros contactos con los directores de zona de hasta ocho entidades financieras con presencia en Jerez que ahora deberán trasladar la propuesta a sus superiores. Hasta el momento, en un primer estudio inicial realizado con estas entidades, el Ayuntamiento ha identificado hasta 103 viviendas que cumplen los requisitos que busca el Gobierno municipal: que su precio oscile entre 20.000 y 70.000 euros y no suba de este último baremo para ponerlas en alquiler a “precios limitados” que estarían entre los 125 y los 150 euros.
De prosperar las conversaciones, estas actuaciones irían recogidas en un convenio que la institución municipal suscribiría con los bancos, como ya se ha hecho en Tarrasa, Ayuntamiento al que Jerez le está siguiendo los pasos en el tema de vivienda social y en cuyo modelo de oficina de intermediación hipotecaria se basó también Bienestar Social para impulsarlo en la localidad.
En el Ayuntamiento entienden que además de dar una solución a la demanda de los ciudadanos que han sido desahuciados de sus viviendas o no tienen recurso para acceder a ellas, el banco también podría dar salida a pisos que les está costando trabajo vender, mientras que Emuvijesa, la empresa municipa de la vivienda, asumiría la función de entidad gestora de estos alquileres, que también abarataría los costes. Además de esta opción, en la reunión mantenida con los representantes de las oficinas bancarias también se ha puesto sobre la mesa que esos alquileres tengan también opción a compra a medio y largo plazo, así como la posibilidad de hacer permutas a partir de determinados solares enfocados a determinados clienes para recibir viviendas en alquileres sociales, si bien esto último es bastante más complicado.
Aunque este proyecto es aún prematuro, Saldaña ya ha trasladado personalmente al portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipotecas de Jerez (PAH), Lorenzo Barca, los primeros pasos dados y tiene intención de mantener encuentros con este colectivo con cierta regularidad para “ir recogiendo sus inquietudes”, darles cuenta de cómo van las gestiones e intentar de recoger las aportaciones planteadas por este foro. A este respecto, desde la plataforma valoran de forma positiva esta iniciativa así como que el Gobierno local haya contado con ellos siempre y cuando este proyecto llegue a buen puerto y, sobre todo, “se cumpla”.
Tal como apunta Barba, “la idea es buena pero no es nueva, la novedad sería que se consiguiera y eso es lo que queremos, que se haga”. De igual manera, que sea Emuvijesa la que se haga cargo de los contratos es fundamental a la hora de eliminar los sobrecostes y en la PAH también ven con buenos ojos el papel que la empresa municipal de la vivienda vaya a desempeñar a este respecto.
Eso sí, hay que darse prisa, expone Barba, dado que tiene claro que las 103 viviendas que se han localizado hasta el momento al reunir los requisitos de precio exigidos serán”insuficientes” de aquí a finales de año para la demanda de ciudadanos, puesto que desde la PAH auguran más desahucios habida cuenta de que la hostil situación económica no se ha estabilizado ni mucho menos. “En estos momentos en la PAH tenemos contacto con más de 30 personas que se han quedado sin casas y están durmiendo con familiares y con familias de hasta 10 miembros que se han tenido que meter en un piso de 40 metros, lo que ha obligado a alguno de ellos a dormir en el hueco de la escalera por falta de espacio. También tenemos a un vecino de 69 años que tiene un alto grado de minusvalía y no se puede mover, que también se va a quedar en la calle”, relata Barba.
Con casos como los descritos, el representante de la PAH en Jerez ya ha avisado a Saldaña que la negociación con los bancos “no puede durar años” y por ello se ha ofrecido para acudir a una de las próximas reuniones que el Ayuntamiento mantenga con las entidades bancarias. “La idea es que tanto la plataforma como el Ayuntamiento trabajemos en la misma línea, es decir, trabajemos para que la gente no se quede en la calle y así se lo vamos a trasladar también a la consejera de la Vivienda cuando nos podamos sentar con ella. ste problema va para largo porque todo se está complicando y cada día hay más despidos y más recortes”, sentencia.
“Nadie está hablando de vivir gratis; estamos pidiendo un derecho”
La PAH continúa en Jerez a buen ritmo con la campaña de recogida de firmas de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para reformar la legislación hipotecaria, paralizar los desahucios, regular la dación en pago y establecer alquileres sociales que se desarrolla en todo el país. Para Lorenzo Barba, el representante de este colectivo en Jerez, el proyecto del Ayuntamiento de cerrar acuerdos con los bancos va en la línea de lo que reclaman en la ILP y por ello están dispuestos a colaborar en todo lo que les dejen, dado que tienen claro que el alquiler social es una de las líneas que deben promover las administraciones. “No queremos vivir gratis, lo que queremos es pagar un alquiler social y la ILP lo deja muy claro cuando habla de destinar el 30% de los ingresos que entren en una familia para poder pagarlos. Nadie está hablando de vivir gratis, estamos hablando principalmente de un derecho a una vivienda digna, un derecho que tenemos y que sabemos que no se está cumpliendo”, añade. El representante del colectivo también está de acuerdo con que en todo este proyecto tiene que haber cierta supervisión para controlar los benefactores de esta iniciativa a la hora de que estos mejoren su situación económica. “Para esto estará Emuvijesa, para controlar todo esto. Nadie quiere meterse de okupa en ninguna casa, nosotros queremos pagar”.
Emuvijesa pone en alquiler 209 viviendas VPO con opción a compra
Emuvijesa va a poner en el mercado 209 inmuebles en régimen de alquiler con derecho a compra pertenecientes a cuatro promociones distintas que debido a la crisis financiera no han podido aún venderse. El Gobierno local recurre a esta fórmula para tratar de atender algunas de las 3.077 solicitudes tramitadas ante el Registro Municipal de Viviendas Protegidas, que en la mayoría de los casos demandan pisos en alquiler con opción a compra. Serán precisamente las personas inscritas en el registro las que tengan prioridad a la hora de adjudicar las viviendas. Según el Gobierno local, en esa relación figuran 939 demandantes con niveles de ingresos adecuados para acceder a estos inmuebles. La renta mensual de estas viviendas oscila entre los 300 y los 578 euros. Los adjudicatarios deberán hacer frente al abono de una cantidad inicial en concepto de fianza y depósito, que se descontará del precio final de la vivienda en caso de que se ejerza el derecho de compra. Los contratos tendrán una duración de diez años, garantizándose que durante ese periodo de tiempo la renta no sufrirá ningún tipo de revisión. Si los arrendatarios ejercen el derecho de compra a lo largo de los cuatro primeros años, la totalidad del importe abonado hasta esa fecha se restará del precio final de venta. Con esta iniciativa, Emuvijesa trata de dar respuesta a muchas personas a las que no se conceden préstamos hipotecarios a pesar de poder afrontar el coste mensual que supone el abono de un alquiler. Precisamente el tema de las viviendas sociales enfrentó a los partidos de la oposición en el último Pleno, después de que estos últimos le pidieran que el 50% de las VPO sin vender sean destinada a alquileres a bajo precio, una actuación que, según el PP, es competencia de la Junta.
300 familias perdieron su vivienda en 2011
De las 58.000 ejecuciones hipotecarias que se han producido en todo el país en 2011, unas 300 fueron en Jerez, lo que significa que muchas familias se han quedado en la calle y que han perdido sus casas. Una problemática que cada día va a más y que ha motivado que el Ayuntamiento haya suscrito un convenio, pionero en Andalucía y segundo en España después de Tarrasa, para poner en marcha la Oficina de Intermediación Hipotecaria. Dicho acuerdo, según explicó la propia alcaldesa cuando presentó esta iniciativa en la que colabora activamente el Colegio de Abogados, establece que el letrado actuará de intermediador entre el ciudadano y la entidad bancaria y será quien que busque una solución alternativa a la pérdida de la vivienda ante la inminente ejecución hipotecaria. “Cuando una persona impaga su préstamo o prevea que no podrá pagar, es el momento en que actuará esta Oficina para buscar la solución que mejor se adapte a sus necesidades: aumentando el plazo de la hipoteca y reducción de la cuota; fijando un periodo de carencia; refinanciando su deuda; dación en pago de la vivienda pero permaneciendo en ella en régimen de alquiler…y sólo en última instancia entregar la vivienda”, añadió. No obstante, en la PAH ya avisan de que la fórmula de Tarrasa no está dando resultados y que 370 consultas sólo ha resuelto el 7%.
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