Como se recordará, el pasado 26 de enero, Francisco Javier Guerrero prestó declaración ante el Grupo de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Porque Guerrero es uno de los principales imputados en la investigación que dirige la juez Mercedes Alaya acerca de la presunta trama de prejubilaciones ilegales descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) financiados con cargo a la partida presupuestaria 31L, así como el uso general de dichos fondos al haber escapado supuestamente a la preceptiva fiscalización y el control administrativo.
LA TRAMA DE LOS ERE
Según la investigación, mediante un acuerdo rubricado en 2001 entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), la segunda de las instituciones habría librado 647.869.157,45 euros para la reestructuración de empresas en crisis y otros aspectos con cargo a la partida 31L, una fórmula supuestamente ajena a la Ley autonómica de Hacienda Pública. Las ayudas concedidas mediante este método, ni siquiera publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), constituyen según la Policía Judicial un "incumplimiento flagrante" de la Ley General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.
A través de los expedientes de regulación de empleo financiados a través de este método habrían sido consumadas 72 prejubilaciones fraudulentas y otras 111 presentarían discordancias administrativas, figurando supuestamente entre los beneficiarios de estas prejubilaciones excargos públicos y militantes del PSOE y "amigos" y conocidos de Francisco Javier Guerrero.
LA COMPARECENCIA DE GUERRERO
Pues bien, merced a la reciente comparecencia de Guerrero ante los investigadores, el Grupo de Delincuencia Económica de la Guardia Civil ha elaborado un atestado fechado este mismo 17 de febrero y elevado al Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, la instancia judicial que comanda la juez Alaya. El atestado en cuestión, recogido por Europa Press, recoge tanto el acta de declaración de Guerrero, imputado en las diligencias judiciales, como abundantes documentos anexos y un capítulo dedicado al "grado de conocimiento de otras autoridades" acerca de las "irregularidades detectadas en la tramitación y concesión de distintas ayudas".
Este capítulo parte de la tesis de Francisco Javier Guerrero en cuanto a que "la forma de adjudicación de las ayudas se trataba en el Consejo de Dirección (de la Consejería de Empleo) de manera frecuente", por lo que el imputado cree que "también debía ser conocida en el Consejo de Gobierno de la Junta", pues le "extrañaría que no fuera así". En ese punto, los investigadores señalan la "dependencia jerárquica" de Francisco Javier Guerrero en cuanto a las personas que, entre 1999 y 2008, ostentaron la dirección de la Consejería de Empleo, señalando en concreto a los antaño consejeros Guillermo Gutiérrez, Antonio Fernández y José Antonio Viera, además de al que fuera viceconsejero Agustín Barberá.
GASPAR ZARRÍAS Y EL "CONSEJILLO"
También recoge el atestado los "borradores de decreto y órdenes" despachados con relación a estas subvenciones en el seno del "consejillo" o reunión preparatoria de las sesiones del Consejo de Gobierno del Ejecutivo autonómico, señalando que este "consejillo" era presidido por Gaspar Zarrías como consejero de Presidencia. "Pero la regulación del procedimiento de concesión de estas ayudas, nunca pasó ese filtro", señala al respecto este atestado.
De cualquier modo, este capítulo del atestado presta especial atención a los momentos en los que Guerrero manifiesta a los investigadores, respecto a los "intrusos" o supuestos beneficiarios fraudulentos de pólizas de seguro de rentas, "que informaba de estas ayudas individuales y las circunstancias de su concesión al consejero y viceconsejero". En concreto, y respecto a "dos intrusos" asociados al expediente de la sociedad anónima laboral Acyco, Guerrero sostiene que "nunca ha ocultado la inclusión de estas personas a nadie, que lo despachaba en el Consejo de Dirección semanal y era conocido por todos los asistentes al mismo. En dichos consejos explicaba las condiciones y circunstancias que rodeaban la adjudicación de ayudas a cada uno de ellos".
DESVÍO DE LAS AYUDAS
Sobre el expediente de esta empresa en concreto, Acyco, los investigadores infieren que a través de una ayuda excepcional tramitada en favor de esta sociedad fue hecho efectivo, por contra, "el pago por los servicios profesionales que el despacho de abogados Garrigues ha prestado, por un importe de 109.620 euros". Tal extremo, como señalan los investigadores en este atestado, "permitió que la ayuda se utilizara para una finalidad distinta para la que se concedió".
Al respecto, los redactores de este atestado recogen un extracto concreto de la comparecencia de Guerrero, pues según el imputado "este sistema de pólizas sufragadas por la Junta para resolver distintos se ha hecho con anterioridad" y este método "se usaba con el conocimiento por parte del consejero y viceconsejero, que no pusieron reparos al método usado". Para los investigadores, Guerrero "ha dejado claro, de manera reiterada, que todas sus actuaciones eran despachadas con el Consejo de Dirección" de la Consejería y que "tanto los distintos consejeros, como viceconsejeros, estaban absolutamente al corriente de qué ayudas se otorgaban y de las circunstancias de las mismas".
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