Unos 1.800 vecinos del Jerez Rural viven en su día a día limitados al no poder legalizar sus viviendas por asentarse sobre vías pecuarias, según datos del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) difundidos ayer por el delegado de Urbanismo, Agustín Muñoz. Según estas cifras, a día de hoy son más de medio millar las viviendas que tienen el “hándicap” de estar sobre una cañada. Sus residentes se encuentran históricamente atados de pies y manos al no poder realizar mejoras en su casa, emprender un simple negocio en la zona o incluso arreglar un parque infantil.
Cansados de los portazos de las administraciones, especialmente de la Junta, después de que en el último Pleno de noviembre el Gobierno andaluz rechazara una propuesta del PP para regularizar estos núcleos rurales, los afectados han decidido ir a por todas. El primer paso que han dado es constituirse en plataforma para “unirse y buscar una solución”, apuntó ayer uno de sus portavoces, Idelfonso Roldán, tras mantener una reunión con la alcaldesa en la que les trasladó el apoyo firme del Ayuntamiento en esta reivindicación. Idelfonso no estaba solo, le acompañaban representantes vecinales de Rajamancera, Las Pachecas, Gibalbín y Las Tablas, entre otros núcleos afectados. Su lucha ya ha empezado, y este jueves intervendrán en el Pleno para explicar los pasos a dar en una hoja de ruta que ya se está trazando. De momento, aunque el próximo lunes será su presentación en sociedad en Cuartillos, ya han empezado a moverse con una campaña de recogida de firmas. El objetivo es recopilar 40.000, tal y como exige la ley, para presentar una iniciativa popular en el Parlamento andaluz en la que se inste a la Junta a modificar la normativa vigente y permitir la desafectación de la vía pecuaria sin el trazado alternativo o sin que se exija la integridad superficial de éste, permitiendo lo que consideran una “solución técnica rápida”: la huella pecuaria.
Asimismo, después de años intentándolo por activa y por pasiva, otro de sus propósitos será reclamar a la Junta la creación de una mesa técnica en la que participen la Consejería de Medio Ambiente, Obras Públicas, el Ayuntamiento y una representación de los afectados.
“Pagamos impuestos”
“Se pagan impuestos, tenemos servicios básicos como recogida de basura, agua, luz y alcantarillado. Pero nos topamos siempre con el mismo problema, queremos una solución. En estos núcleos sus vecinos no pueden reparar las viviendas, ni los carriles, ni los parques infantiles, ni abrir negocios. Sin embargo, pagan el IBI y el Impuesto de Bienes Patrimoniales de la Junta a pero no tienen escrituras de las viviendas, porque son viviendas alegales”, apostilla Roldán. Unas limitaciones que también están sufriendo las nuevas generaciones, que se han visto obligadas a buscarse la vida lógicamente fuera de estos puntos, con el consiguiente despoblamiento que ello implica. “Tenemos todos los servicios, colegios, centros de salud, pero las personas se tienen que desplazar a vivir a Jerez”, sentencian.
“No podemos montar una simple tienda”
“No somos caraduras ni usurpadores”. Son palabras de Susana Corredera, delegada de Alcaldía de Rajamancera, que no ocultó ayer su malestar porque algunas voces aseguren que este problema lo sufren personas con propiedades de segunda residencia que van a estos núcleos a pasar el fin de semana. “No somos domingueros. Son viviendas de más de 50 años, lo único que queremos es regularizar la situación. El crecimiento de nuestras barriadas es nulo, no podemos ni montar una simple tienda”, criticó.
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