El colectivo argumenta que el Estatuto Básico del Empleado Público de 2007 contempla que el personal laboral fijo que a la entrada en vigor de dicho documento esté desempeñando funciones de personal funcionario o pase a desempeñarlos en virtud de pruebas de selección o promoción convocadas antes de dicha fecha podrá seguir realizando estas tareas.
Por este motivo, se entiende que las pretensiones de los laborales fijos “son perfectamente legales” y cuentan con el debido amparo jurídico.
Al mismo tiempo, insta al Gobierno local a no “olvidar” que sus “indecisiones”, están haciendo perder “el tren” a 300 trabajadores “con familia que únicamente pretenden acceder a la condición de funcionario en base a lo dispuesto en una norma legal”.
La plataforma advierte además al Gobierno local de la necesidad de “aclarar y explicar” a los ciudadanos que los laborales fijos accedieron a sus puestos “mediante un concurso-oposición” y que desde el año 2007 la ley permite que mediante un determinado proceso un laboral fijo pueda adquirir la condición de funcionario.
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