La Junta de Andalucía y el sector agrario han dado la voz de alarma por el contenido de la primera documentación de la Comisión Europea sobre la Política Agraria Común (PAC) a partir de 2020. Este documento cuestiona el mantenimiento de los pagos directos (más de 400 millones a olivareros de Jaén en el último año) tal y como están configurados actualmente. Tras el tijeretazo del presupuesto en el actual marco (272 millones menos en Jaén), el sector alerta de nuevo de un posible ajuste presupuestario en las ayudas al campo.
El consejero de Agricultura, Rodrigo Sánchez, expresó su “preocupación” por la comunicación de la Comisión Europea que, según dijo, “genera además incertidumbre y una gran inseguridad sobre el diseño de los pagos directos”. El “temor”, apuntó Sánchez Haro, “es que “se deja abierta la puerta a la cofinanciación de estos pagos directos, algo que afectaría al mercado interior y rompería la unidad de la PAC”. Asimismo, alertó sobre el hecho de que dichos pagos directos no sólo quedan desdibujados, sino que aparecen siempre vinculados al cumplimiento de objetivos de carácter ambiental. “Para la Junta de Andalucía es fundamental que la futura PAC mantenga el nivel de renta de los agricultores, para lo que es imprescindible la continuidad de las ayudas directas”
Para Cooperativas Agro-alimentarias, el documento presentado “supone iniciar el desmantelamiento de la, hasta ahora, política más común de la Unión Europea”. De este modo, rechaza la renacionalización de la PAC, el recorte sustancial de ayudas que se vislumbra, así como el cambio drástico en la distribución de las subvenciones, “lo que puede conllevar desequilibrios importantes en el sector”. También lamentan que la Comisión Europea “olvide los mecanismos de gestión de mercados y las necesarias medidas para el reequilibrio de la cadena agroalimentaria, indispensables para garantizar el futuro del sector más allá de las ayudas”.
La COAG calificó de “maquiavélica” la propuesta de la Comisión Europea que, a su juicio, “enmascara unas políticas que pretenden ahondar en una mayor desregulación de los mercados y un recorte de las ayudas”. Según esta organización agraria, la cofinanciación estatal del presupuesto agrario que se plantea “aumenta el riesgo de recortes presupuestarios y aviva la intención de la UE de cuadrar su nuevo marco presupuestario a costa del agro”. También lamentan la omisión a las ayudas acopladas a la producción.
Comercialización
De otro lado, la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) ha valorado los datos de comercialización del primer mes de campaña, con unas existencias iniciales de 303.300 toneladas, a lo que hay que sumar 26.400 toneladas de producción ya recolectada y 11.000 toneladas de importaciones de terceros países. El dato actual de existencias es por lo tanto de 340.700 toneladas, al cual hay que descontarle unas ventas de 112.700 toneladas. Casi 113.000 toneladas que han ido destinadas principalmente y a las exportaciones por un lado, con un total de 78.000 toneladas, y por otro, 34.700 al mercado interior aparente. Ante estos datos, “las exportaciones siguen siendo el dato más destacado”, afirman desde UPA-Andalucía.
Estas ventas totales suponen un incremento del 7 % respecto al mismo mes de octubre de la pasada campaña, y atendiendo solo a las exportaciones, las 78.000 toneladas suponen un incremento aún mayor del 11% que en 2016. Este aumento de las exportaciones respecto a 2016, sumado al menor volumen de aceite de oliva disponible con respecto al enlace de campaña del año anterior, vislumbra un panorama en el que se dispone de un 8,4% menos de aceite de oliva en la presente campaña que en las mismas fechas de la pasada campaña. Desde UPA se critica “la tendencia descendente del precio del aceite de oliva tanto en los mercados nacionales como los internacionales”.
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