La construcción del centro comercial ‘Jaén Plaza’ está un poco más cerca después de que el grupo almeriense Alvores haya aprobado esta semana la junta de compensación, una entidad jurídica que forman los propietarios del suelo y que es preceptiva para acometer tanto la urbanización como la distribución de beneficios y cargas derivada del planeamiento.
A partir de ahí, Alvores está ultimando los proyectos de reparcelación y de urbanización, que debe presentar en el Ayuntamiento para contar con la licencia definitiva de obras. Lo que sí puede iniciarse ya es la construcción de los accesos al centro comercial, con una rotonda de grandes dimensiones entre la antigua carretera N-323 y la residencia de mayores Santa Teresa. Será en esa zona donde se ubicarán Decathlon y Leroy Merlín, dos de las principales firmas que han confirmado su presencia en este centro comercial y que pretenden abrir dentro de la primera fase. En una fase posterior, el ‘Jaén Plaza’ se extenderá hasta las proximidades del Hospital Neurotraumatológico, en este caso con las galerías comerciales y las salas de cines.
Alvores ya acometió en el mes de marzo los trabajos de limpieza y movimiento de tierras. Sin embargo, el nuevo parón en las obras (que debían haber comenzado en junio) ha levantado recelos ciudadanos, que el alcalde, Javier Márquez, se ha encargado de zanjar: ”El centro comercial ya no tiene marcha atrás, tiene ya todas las bendiciones”, indicó Márquez, tras subrayar la inversión de 80 millones y el millar de empleos que creará esta superficie comercial. Lo que sí parece bastante improbable es que la primera fase pueda estar lista para final de año, tal y como había proyectado el grupo Alvores.
Cantera
“Estoy muy contento y satisfecho”. El alcalde de Jaén, Javier Márquez, se congratuló ayer de la paralización de la actividad de la cantera de la Fuente de la Peña tras la resolución de la Junta de Andalucía. Tras indicar que, desde el punto de vista medioambiental, la cantera tenía un impacto “insostenible”, Márquez dijo compartir los incumplimientos en los que se ha basado la Junta para decretar la caducidad de la concesión. No cree que haya influido la investigación por la Fiscalía y sí la “presión social” ejercida por colectivos locales.
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