El secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes, ha valorado el archivo de la causa en relación a unos contratos de publicidad por parte de la Diputación, en un auto judicial “que confirma la absoluta legalidad y transparencia en los procedimientos de la administración provincial y la honestidad y el buen hacer del ahora delegado de Economía y Empleo, Antonio de la Torre”. En una nota, Reyes indicó que la decisión de la jueza “vuelve a poner al PP en evidencia”, ya que los dirigentes de este partido se aferraron a este asunto “para poner en marcha un linchamiento público brutal contra De la Torre que hoy se ha demostrado que no tenía base ni fundamento alguno”. “El auto es un varapalo total a las insidias, las calumnias y las manipulaciones del PP de Jaén”, subrayó Reyes.
El líder provincial del PSOE recordó que hace apenas dos meses y medio “se procedió a la detención del delegado, y otros dos empresarios del sector de la comunicación, pernocta en calabozo y traslado con esposas al juzgado para declarar por estos hechos, una prevaricación administrativa que poco después se ha archivado sin llegar ni siquiera a juicio porque no había indicios de delito”. Según Reyes, el PP “se lanzó a la yugular” del delegado, puso en marcha un proceso de “lapidación pública” y se afanó en “arrojar sombras de sospecha sobre la gestión de la Diputación”. “El caso se ha archivado, pero el daño personal y familiar que el PP ha infligido con su comportamiento no tiene reparación posible. No esperamos las disculpas de los dirigentes de este partido, aunque deberían pedirlas, pero sí al menos que tengan la decencia de reflexionar sobre lo que están haciendo”, abundó Francisco Reyes. Así, reclamó al PP de Jaén “que se lea el auto judicial” que archiva el caso, porque es “tan contundente como esclarecedor”.
La jueza concluye que “ningún perjuicio conocido se genera para la Diputación, ninguna voluntad parece ilícitamente alterada y ninguna finalidad espuria se persigue más allá de realizar una campaña publicitaria que beneficiara a empresas publicitarias de Jaén”. Y además añadió que “no existe prueba de acuerdo alguno entre el representante de la Diputación y las distintas empresas que genere perjuicio alguno”, por lo que no existe ningún elemento para sostener la comisión de un delito, dijo.
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