Cuesta trabajo creer que procedimientos administrativos complicados, que requieren de la información de distintas áreas municipales a través de sus técnicos y que podrían acabar, como de hecho ha sucedido, en los tribunales, se hagan solamente por un favor personal. Y aunque así fuere, éste no debería saltarse la legalidad (si es que los tribunales finalmente así lo deciden). Independientemente de ello, el caso de la permuta de un local, adquirido por el propietario por 150.000 euros, que en apenas dos años se revaloriza hasta los 263.000 euros, por un solar junto la gran rotonda de la carretera de Madrid, muy cercana al futuro centro comercial, huele mal. Y no solo el caso en sí. Todo el proceso despierta preguntas que alguien debería contestar. ¿Por qué la Policía Nacional no ha detenido a ninguno de los investigados, como sí ha sucedido en otros casos? ¿Alguien llamó a Comisaría para pedir trato de favor en este caso? ¿Quién trasladaría a la UDEV la sugerencia de no hurgar demasiado? ¿Sería un jefe? ¿Se producirán las declaraciones en el juzgado una vez que terminen las elecciones del 26 de junio? ¿Es el único caso en el que se han dado órdenes a los funcionarios para actuar de forma distinta al protocolo habitual? ¿Tiene la Justicia conocimiento en el caso de que esto se esté produciendo? Demasiadas preguntas en el aire.
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