El concepto de soberanía popular nace como doctrina política moderna con Rousseau, acabando poco a poco con las restricciones en el sufragio censitario hasta llegar al universal entrado el siglo XX. La Constitución Española de 1978 en su Título preliminar establece en sus artículos dos y tres que la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado y que la forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria. Sin embargo, las democracias contemporáneas y los poderes legislativos están poco a poco convirtiendo en papel mojado esa soberanía popular. Propuestas para establecer en porcentajes quién debe gobernar dejan en entredicho la voluntad de las urnas, independientemente de los pactos postreros que alcancen los representantes elegidos por el pueblo, que sabe, conoce e intuye de qué pie cojea cada partido. En la arena municipal, ya en Jaén, en la capital, en el salón de plenos del Ayuntamiento, quedó patente ayer cómo la voluntad del pueblo, que no ha otorgado mayoría absoluta a ningún grupo político y que en condiciones normales debe abocar al pacto a quien ejerce el gobierno, saltaba por los aires. El Pleno dijo no a un crédito de más de 70 millones de euros para pagar sentencias judiciales y la junta de gobierno, donde sí se procuró mayoría absoluta el PP, aprobó la medida. No cuestionamos la legalidad, ni si es acertada la decisión de no aprobar la ayuda. Es simplemente que es necesario reflexionar sobre este ‘nuevo tiempo’.
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